El Gobierno trabajará para reponer la memoria de todos aquellos ciudadanos afectados por la Guerra Civil y por el franquismo, y por ello, destacó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tiene "casi ultimadas" ocho normas de la Ley de Memoria Histórica. Entre ellas, el Ejecutivo se compromete a conceder indemnizaciones a personas fallecidas o incapacitadas entre finales de los 60 y los 70 por luchar por la democracia o la adquisición de la nacionalidad española a los hijos y nietos españoles de los exiliados.
También se reorganizará el archivo de la Guerra Civil, se elaborará un censo de quienes trabajaron forzosamente en obras de las infraestructuras de la dictadura, se retirarán los símbolos conmemorativos y se pondrá en marcha un procedimiento para concretar un mapa de localizaciones de fosas comunes. Precisamente sobre esta cuestión la vicepresidenta recordó que hay ya 63 proyectos subvencionados para la identificación, localización y exhumación de los desaparecidos, así como desde hace poco tiempo la administración concede pensiones de orfandad e indemnizaciones por tiempos de prisión. Igualmente se han implantado medidas para mejorar la fiscalidad de los afectados.
Sólo el principio. Pero el Gobierno no parará aquí, según dijo la vicepresidenta, ya que quiere velar por el cumplimiento de una ley que defiende el derecho de muchas personas a reponer la memoria de sus familiares con "dignidad y honor", y por esta razón, colaborará con la Justicia, como hace con las reclamaciones del juez Garzón.
La recuperación de la memoria de quienes padecieron persecución es, dijo De la Vega, "un derecho de todos los ciudadanos".
