El fiscal del caso Troya, que investiga la presunta corrupción urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga), ha retirado la acusación para 18 de los 20 acusados y mantiene sólo la del alcalde de la localidad, Juan Martín Serón (PP), y el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, procesados por cobrar dinero a cambio de licencias. Les acusa de 13 delitos de cohecho y modifica para ellos la petición de cárcel por una multa de dos millones de euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión; y suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses.
La Sección Octava de la Audiencia de Málaga comenzó en septiembre pasado el juicio contra Martín Serón, Guerra, dos asesores jurídicos en el Consistorio y 16 empresarios. La Fiscalía solicitaba para el alcalde cuatro años y medio de prisión y 19 años de inhabilitación para cargo público, al acusarlo de los delitos de prevaricación omisiva y de cohecho pasivo; mientras que para el concejal pedía siete años de cárcel y 21 de inhabilitación por 11 delitos de cohecho pasivo y 14 delitos urbanísticos. Asimismo, acusaba a uno de los asesores jurídicos por 10 delitos contra la ordenación del territorio y solicitaba 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación especial; y al otro por un delito urbanístico, pidiendo un año de prisión y siete de inhabilitación. Respecto a los empresarios, se acusa a los 16 por delito de cohecho activo, solicitando dos años de cárcel y multa; y por delito contra la ordenación del territorio, pidiendo prisión e inhabilitación.
En la sesión de ayer, el fiscal cambió sus conclusiones y retiró la acusación contra los empresarios y los funcionarios, a los que el presidente del tribunal se dirigió para decirles que "quedan libres y absueltos desde este momento". El juicio se retomará el día 16 con los informes de la acusación pública y las dos defensas, que han mantenido la absolución.
El ministerio público ha mantenido exclusivamente la acusación contra Martín Serón y Guerra, aunque sólo por cohecho. En concreto le imputa 13 delitos, con carácter continuado. Además de la pena de multa y la suspensión, insta al comiso del dinero en efectivo intervenido.
En su escrito definitivo, el fiscal sigue sosteniendo que en ese ayuntamiento entre 2002 y 2006 "ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que el obtener el enriquecimiento personal ilícito de los acusados Juan Martín Serón como alcalde y Gregorio Guerra, concejal de Urbanismo" y que, según mantiene, "consistía en exigir a los empresarios y promotores inmobiliarios", que estuviesen interesados en realizar construcciones y que tenían que solicitar la licencia, "la entrega de ciertas cantidades de dinero". Según se precisa en el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, esas supuestas cantidades se calculaban de forma proporcional "en cuanto a los metros edificables y viviendas a construir sobre la base de un pretendido exceso de edificabilidad y de viviendas permitidas respecto del legalmente previsto", aunque se añade que de la prueba practicada en el juicio "no se ha acreditado que realmente existiesen tales incrementos de edificabilidad ni de viviendas".
