La Fiscalía considera que el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, al igual que los otros tres imputados en el caso de supuesto cobro de comisiones en Mercasevilla, deben ser acusados y sometidos a juicio. Ésta fue su respuesta tras escuchar ayer la presentación de los recursos de todas las partes implicadas. En su intervención defendió la instrucción del caso aunque lamentó que los principales acusados, Fernando Mellet y Daniel Ponce, no declararan. A la espera de la resolución de la Audiencia Provincial, el fiscal rechazó así todas las alegaciones de las defensas y mantuvo el proceso como hasta ahora. Sin más imputaciones, pero sin sacar al ex delegado de Empleo, contra el que, como el fiscal e incluso la juez han admitido, existen sólo indicios leves basados en la declaración ante la Policía de uno de los imputados.
Precisamente dos de las acusaciones particulares, el PSOE y la Fundación Mercasevilla, plantearon abiertamente que tanto la trabajadora de la empresa de mercados Regla Pereira como el el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas no debían ser acusados y ser, por tanto, apartados del proceso. La defensa socialista solicitó directamente el archivo de la causa contra ellos y que para Mellet y Ponce se mantuviera un delito de "estafa en grado de tentativa" que no debía pasar por un jurado popular. La Fundación Mercasevilla, por su parte, subrayó que existen "indicios que justifican las cuatro imputaciones, pero no existen elementos que hagan viable una acusación contra Rivas y Pereira".
El PP, principal promotor del caso, mantuvo sin embargo sus cuatro imputaciones e incidió en la línea trazada en los últimos meses: además de la petición de comisiones hay una trama en torno a la adjudicación de la subvención por parte de la Junta en la que se ha producido una prevaricación. El planteamiento es que la subvención se concedió en circunstancias irregulares y a partir de ahí se reclamó dinero a los empresarios para compensar ese supuesto trato de favor.
El fiscal volvió a cerrar ayer las puertas a esta opción, incidió en que en la tramitación de las subvenciones sólo puede haber irregularidades administrativas y rechazó que se hayan detectado delitos de prevaricación. Pese a esto, justo después de la finalización de la Audiencia, en el juzgado presidido por Mercedes Alaya declaró la ex directora general de Formación para el Empleo de la Junta, Josefa Lara.
La ex alto cargo admitió, a preguntas del PP -la juez no intervino en este caso-, que Rivas medió en la concesión de la subvención y que incluso le llamó para preguntarle por el estado de esta ayuda, ya que "los beneficiarios le habían trasladado que estaba parada por culpa de la Junta". En esa conversación se le advirtió de que había intención de conceder la subvención -prevista desde 2007 por un convenio-: "Me indicaron que había la intención de otorgar esa subvención excepcional, que incluso había habido reuniones anteriores en las que se había decidido la cantidad a otorgar. El consejero me manifestó lo mismo siempre que se cumplieran todos los requisitos. Había un convenio y de él derivaba la oportunidad política de la subvención para el sector de la hostelería".
Pese a esto, Lara incidió en que no detectó ninguna irregularidad en la tramitación. Subrayó que el consejero -Antonio Fernández- "no mostró interés e incluso exigió por escrito que no se concediera sin tener todos los requisitos", que no se sintió presionada para concederla, que tenía todos los informes técnicos favorables y que "con carácter general siempre que haya una idoneidad política y se cumplen los requisitos se conceden las ayudas".
La entonces responsable de Formación volvió a tratar en otras dos ocasiones la situación de esta subvención. La primera fue cuando le comunicó a Rivas que el expediente se había resuelto. La segunda fue cuando el gerente del Servicio Andaluz de Empleo, tras descubrir las grabaciones, le ordenó "traspasar todo el expediente a la Gerencia".
Fernández no declara pero se ofrece para «colaborar»
El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, no acudió ayer a declarar pese a estar citado. Lo justificó por el retraso en la notificación oficial y por la coincidencia de su comparecencia con una sesión del Parlamento. Pese a esto, mostró, a través de Europa Presss, su disposición "a colaborar con la Justicia": "No tengo nada que ocultar. He gestionado 10.000 millones de fondos públicos y es la primera vez que me citan. La única explicación es la pena de banquillo que quiere meter Juan Ignacio Zoido a todo bicho viviente del PSOE. No respeta ni siquiera a sus compañeros jueces porque está inmerso en una estrategia electoral marcada por trasladar la imagen de que el PSOE está siempre en los juzgados".
