El Gobierno francés dio un plazo de un mes a los sindicatos y las direcciones de las empresas públicas afectadas por la reforma de los regímenes especiales de pensiones para negociar las medidas para acompañar la reforma.
El plazo figura en la carta enviada en la noche del miércoles por el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, a los líderes de las principales centrales sindicales, cuando muchos de los sindicatos ya habían decidido prorrogar la huelga en los ferrocarriles y el transporte urbano de París.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, consideró que ahora "se dan las condiciones" para la negociación en las empresas y que la huelga debe acabar "lo antes posible por los usuarios".
Mientras, el número de huelguistas en la compañía ferroviaria estatal SNCF se situó por debajo de la mitad de la plantilla, mientras el Gobierno es optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo. Los datos de seguimiento se situaban en el 46% de los asalariados, según el sindicato CGT, y el 42%, según la Presidencia de la República, que en todo caso inferior a los dos tercios de huelguistas que se contabilizaban el miércoles.
Pese a bajar la intensidad de los paros, numerosas asambleas generales de los trabajadores de los ferrocarriles y del transporte metropolitano de París decidieron continuar la huelga contra la reforma. Los dirigentes de los sindicatos convocantes de la huelga se reunieron bajo la presión de sus bases, después de aceptar participar en una negociación en las empresas en presencia de miembros del Ejecutivo, lo que en la práctica supone admitir el principio de una reforma de los regímenes especiales de pensiones del Gobierno francés.
