Uno de los principales objetivos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno y que votará hoy el Congreso de los Diputados es aumentar la estabilidad en el empleo después de más de dos años de sangría en las listas del paro. De hecho, el Ejecutivo calcula que permitirá la firma de 2,37 millones de contratos indefinidos desde el próximo julio hasta el cierre de 2011, de los que 1,33 millones, el 56%, corresponderán a la modalidad de fomento de la contratación indefinida con 33 días por indemnización, según consta en la memoria económica que acompaña al decreto ley. En 2009, sólo algo más del 1% de los contratos indefinidos correspondieron a esta modalidad.
De esta forma, se calcula que entre julio y diciembre de este año se podrían firmar 895.723 contratos indefinidos, mientras que en 2011 se suscribirían 1.474.497 contratos más.
Es decir, son más contratos de los firmados entre fijos ordinarios y de fomento del empleo durante el pasado año y 2008 -cuando se sellaron un total de 1,84 millones-. En cualquier caso, si a éstos se le suman los 1,3 millones contratos de otra modalidad convertidos en indefinidos, la cifra se eleva a 3,14 millones, según los datos de los Servicios Públicos de Empleo. En concreto, el Gobierno prevé que la modalidad de fomento del empleo supondrá el 50% de nuevos contratos indefinidos en el presente ejercicio, porcentaje que se elevará al 60% en el próximo.
En el citado informe, el Gobierno calcula además los costes de algunas de las principales medidas de la reforma, que estarían en el entorno de los 700 millones hasta 2012. La principal partida que costear sería la del pago por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de ocho días en las indemnizaciones de los despidos de contratos indefinidos -ya sean ordinarios o de fomento del empleo-, y que supone 123,6 millones. El Gobierno cree que ésta es la cantidad que habría que sufragar porque calcula que habrá 17.145 despidos sobre estos contratos fijos en 2011. De 2010 no hay cálculo, porque el Fogasa sólo se hará cargo de ocho días en las indemnizaciones de los que hayan durado como mínimo un año, y eso no ocurrirá hasta julio de 2011.
En materia de bonificaciones a la contratación, el Ejecutivo prevé un coste de 471,17 millones, de los que el mayor porcentaje corresponde a los incentivos de contratación indefinida de personas desempleadas mayores de 45 años durante tres años, que alcanzarán los 212,88 millones. Bonificar la de jóvenes entre 16 y 30 años con problemas de empleabilidad supondrá 124,17 millones, mientras que la conversión en indefinidos de contratos de formación y en prácticas, relevo y sustitución sumarán 53,58 millones para los próximos años.
Asimismo, el Ejecutivo estima que la exención de cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores en contratos para la formación, que para 2010 se fijan en 450 euros anuales para el empresario y 73 euros para el trabajador, alcanzarán los 80,54 millones.
Otra de las novedades incluidas en la norma, el reconocimiento de la prestación de desempleo en los contratos para la formación a partir de 2011, supondrá un coste de 30 millones acumulado entre ese ejercicio (16 millones) y 2012 (14 millones).
Además, el fomento del uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo, en línea con el conocido modelo alemán, supondrá 116 millones. De esta cantidad, 63,36 (39,6 en 2010 y 23,76 en 2011) se derivan de la ampliación al 80% de la bonificación por mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados por ERE cuando aprovechen ese periodo para desarrollar acciones formativas.
Los restantes 52,4 millones proceden de la ampliación a 180 días del derecho a la reposición de las prestaciones por desempleo en caso de suspensión seguida de extinción del contrato, que costarán 8,8 millones en 2010, 17,4 en 2011 y 26,2 millones en 2012.
Respaldo del Congreso. La reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros pasa hoy la reválida del Congreso, para la que el Gobierno no espera ningún imprevisto, tras la abstención del PNV, confirmada ayer. Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, apeló a la responsabilidad de los grupos para que faciliten su convalidación y pueda estar lista en septiembre.
Mientras el PNV fijó ya ayer su posición en el debate, el PP emplazó al Gobierno a que le llame para buscar acuerdos, ya que no tiene todavía decidida su posición, y CiU, que adelantó la semana pasada que no obstaculizará la convalidación del decreto, esperará a hoy para confirmar su voto.
Por su parte, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, anunció ayer que "lo más probable" es que su grupo vote en contra del decreto ley, ya que "cuela el despido libre por la puerta trasera".
