El cerco al entorno de ETA es cada vez más estrecho. El Gobierno dio el viernes un paso más para evitar que los abertzales vayan a las elecciones y ordenó a la Abogacía del Estado que ejercite todas las acciones legales para cortar el paso a Askatasuna y Demokrazia 3 Milioi.
Así lo anunció ayer viernes la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De este modo, el Gobierno presentará sendas demandas de ilegalización ante la sala del 61 del Tribunal Supremo, que se sumarán a las que también prepara la Fiscalía.
De la Vega explicó que de los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil "se desprende que existen vínculos entre la ilegalizada Batasuna y las candidaturas presentadas por la agrupación electoral D3M, y entre Askatasuna y los partidos ilegalizados por el Tribunal Supremo en 2003 y 2008", en referencia a HB-EH-Batasuna, EHAK-PCTV y ANV.
Aunque no concretó cuáles son esos vínculos, la vicepresidenta señaló que las Fuerzas de Seguridad han llevado a cabo "una actuación minuciosa destinada a acreditar esa vinculación en función de conexiones, de reuniones y de elementos que están probados en los informes" policiales siguiendo los criterios marcados por el Tribunal Supremo y el Constitucional.
La orden dada ayer viernes por el Gobierno, según Fernández de la Vega, autoriza a los servicios jurídicos del Estado a ejercitar todas las acciones legales previstas en la ley para garantizar que ninguna formación o candidatura electoral continuadora de las ilegalizadas pueda concurrir a las elecciones. "El Gobierno, como siempre, está decidido a cumplir y a hacer cumplir la ley para evitar el fraude que algunos pretenden", concluyó.
Indicios. Según el Ejecutivo, las consecuencias jurídicas que se derivan de los vínculos encontrados "han sido apreciadas por la Abogacía del Estado como relevantes a los efectos de poder instar de la sala del artículo 61 del Tribunal Supremo la anulación de las candidaturas de ambas formaciones y, en su caso, la ilegalización del partido político Askatasuna". El Gobierno considera que cuenta con un "relato de indicios" suficiente para impugnar las candidaturas y la ilegalización.
Así lo señalaron fuentes del Ejecutivo, que subrayaron la importancia de que las investigaciones desarrolladas por la Policía y la Guardia Civil no hayan dado como resultado sólo una "suma de indicios" de la vinculación de Askatasuna con formaciones ya ilegalizadas, sino un auténtico "relato" continuado en el tiempo prácticamente desde la fundación del partido.
Entre esos indicios figuran sus estatutos, que han resultado ser una copia casi exacta de los de Euskal Herritarrok, la denominación que adoptó Herri Batasuna en 1998, coincidiendo con la inscripción de Askatasuna en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. La coincidencia temporal y la similitud de los estatutos avalaría la tesis, sostenida entre otros por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en uno de sus últimos autos.
