Se busca contribuir a generar empleo y mejorar el parque de viviendas y, como incentivo para conseguirlo, el Gobierno ha apostado por ampliar del 10% actual hasta el 20% la desgravación en el IRPF por rehabilitación de inmuebles, una iniciativa creada en abril del año pasado en el marco de los Pactos de Zurbano.
La normativa vigente permitía deducirse el 10% de las cantidades invertidas en obras y reparaciones domésticas con un límite máximo de 4.000 euros por contribuyente.
Aquéllos que tuviesen una base imponible inferior a 33.007 euros podían beneficiarse de la deducción completa, mientras que este importe se reducía progresivamente hasta los contribuyentes con base imponible superior a 53.007,20 euros, límite de acceso a esta ventaja fiscal. La deducción, de carácter temporal, se podía aplicar a las obras de mejora que se realizasen antes del 31 de diciembre de 2012.
Una de las principales modificaciones que se introducirán es que se extiende la deducción más allá de la vivienda habitual a cualquier otro inmueble, incluidos los que se pongan en alquiler, con la única excepción de que no estén sujetos a actividades económicas por parte del contribuyente.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, precisó que estos cambios, además de otras mejoras, se articularán a través del Decreto Ley del plan de empleo sumergido.
Además, se eleva el límite máximo de renta que impide disfrutar de este incentivo fiscal. Así, se establece que los contribuyentes con una base imponible igual o inferior a 53.007,20 euros podrán beneficiarse en su totalidad de la deducción, rebajándose ésta progresivamente hasta los que cuenten con una base imponible superior a 71.007,20 euros.
La reforma eleva, asimismo, el límite máximo de la base de deducción anual, hasta los 6.750 euros. Esto significa que la deducción anual máxima de la que se puede beneficiar un contribuyente será de 1.350 euros (el 20% de 6.750 euros), lo que permite equiparar el límite de esta deducción con la existente por inversión en vivienda.
Además, se aumenta el límite plurianual máximo deducible, que pasa de 12.000 euros a 20.000 euros.
Sin embargo, la deducción continuará teniendo carácter temporal, pudiendo aplicarse únicamente a las obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012.
Del mismo modo, no varía la finalidad de las obras, que deberán centrarse en la mejora de la habitabilidad de la vivienda, orientadas a la eficiencia energética y del uso del agua, la mejora de la accesibilidad y a la instalación de infraestructuras para el acceso a internet o la TDT. Se mantienen las exclusiones referentes a obras en garajes, jardines, parques, piscinas, elementos deportivos y análogos.
Por otro lado, el derecho a la deducción en el IRPF exigirá factura detallada con todos los requisitos legales, incluyendo el desglose del IVA, que en muchos de los casos será el IVA reducido del 8% aplicable a las obras de renovación y reparación de viviendas.
Los medios de pago seguirán estando limitados a tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta en entidad de crédito porque no se admitirán los pagos en metálico. Además, las cantidades no deducidas en el año se arrastran a ejercicios posteriores.
Nombramientos. Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer la designación del secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Bernardo Lorenzo Almendros, como nuevo presidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) en sustitución de Reinaldo Rodríguez.El Ejecutivo propuso además al consejo este nombramiento junto con el de Marta Plana y Xabier Ormaetxea como miembros del consejo del organismo regulador de telecomunicaciones en lugar de los cuatro consejeros del consejo que permanecían en funciones, adaptándose a la reducción de los miembros del consejo, que pasan de nueve a siete, que contempla la Ley de Economía Sostenible.
Se demora una semana el plan contra la economía sumergida
El Gobierno aprobará "casi con toda seguridad" el plan para aflorar el empleo sumergido en el Consejo de Ministros que celebrará la semana que viene, según señaló el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque tenía previsto hacerlo ayer. No obstante, ha optado por cambiar la fecha ante la oposición mostrada por los agentes sociales al primer borrador del plan que recibieron el 15 de abril. Desde el primer momento, el Gobierno señaló su intención de aprobar el plan contra el empleo sumergido contando con el acuerdo de sindicatos y patronal, aunque no logró acercar posturas en la reunión del pasado lunes. Ante estas diferencias, el Ejecutivo se comprometió a elaborar un nuevo borrador que permitiera limar diferencias que, según UGT, ya ha llegado a los interlocutores sociales y corrige algunos aspectos que no habían recibido el visto bueno de los sindicatos. De hecho, desde el sindicato UGT aseguran que el Gobierno se ha comprometido a discutir el plan hasta el próximo miércoles, de forma que pueda aprobar un plan consensuado en el Consejo de Ministros del viernes 29. La propuesta inicial del Ejecutivo contemplaba un periodo voluntario para emerger empleo sumergido hasta el 30 de junio. Tras ese plazo, las sanciones se incrementarían para las empresas que persistieran en estas prácticas irregulares. Según los sindicatos, el primer boceto contenía ventajas para las empresas y perjuicios para los trabajadores. Por su parte, los empresarios consideran que las sanciones que se plantean son demasiado duras.
