La unión hizo la fuerza. Hace cuatro días, todos los alcaldes de la provincia y de todo signo político hicieron piña para que el Gobierno central abriera la mano y el superávit obtenido por la Diputación de Sevilla en 2012, cuantificado en 39,3 millones, se pudiera repartir sin restricciones. Tal reparto no era posible por una enmienda, presentada por el PP, que acotaba el uso del remanente a 14 supuestos que primaban a los grandes municipios frente al resto, que carecían de competencias. Sin embargo, ese frente común surtió efecto y el Gobierno central ha decidido dar marcha atrás a la citada enmienda, aunque eso, de momento, no implica aún que la Diputación pueda iniciar el reparto del superávit. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, adelantó ayer que esta enmienda «ha desaparecido de las que se debatirán en la próxima ponencia de la Ley de Consumidores y Usuarios en el pleno del Congreso». Incluso negó que fuera sólo por esa unión de alcaldes, sino porque representantes del PSOE en la Comisión de Sanidad, denunciaron que este debate no entraba en el marco del proyecto de ley, algo que, según explicó, entendió el letrado del órgano «que advirtió de la inadecuación de presentar esta enmienda». «Ni era el foro ni eran las formas para abordar un asunto de tanto calado y trascendencia para las administraciones locales», reprochó Villalobos, que ha agradecido la marcha atrás que ha dado el Gobierno central, que permite que se de «un escenario idóneo para que en sede parlamentaria se llegue al mismo sentimiento de unanimidad que el pasado viernes llegamos en el salón de plenos de la Diputación para hallar la mejor manera de aplicar el superávit desde los Ayuntamientos». La enmienda de adición objeto de la discordia ceñía la calificación de inversión financieramente sostenible la que podría destinarse a superávit a 14 supuestos concretos de los 89 que recoge la orden que regula la estructura de los presupuestos de los Ayuntamientos. Estos aludían al tratamiento y recogida de residuos, abastecimiento de agua, alumbrado público o la ordenación y promoción turística, entre otras. La mayoría de esos supuestos corresponden a materias de las que sólo tienen competencias los pueblos mayores de 20.000 habitantes. Una vez superado el enésimo escollo en el culebrón para intentar aplicar el superávit a inversiones en los pueblos, desde la Diputación de Sevilla se invitó al resto de formaciones políticas a que trasladen un mensaje a sus compañeros del Congreso de los Diputados para que, en esta materia en concreto, busquen un consenso. Villalobos remarcó la necesidad de buscar esa unidad para «destinar esos recursos a aquello que más falta hace en los pueblos: empleo para los que más están padeciendo la crisis económica». Pese a tal petición del consenso, no ocultó que su enfado por una polémica que consideran que las ha hecho perder tiempo. «Estamos en el mismo punto de partida que antes de esta enmienda, pero diez días después que han corrido en nuestra contra», sentenció. Villalobos volvió a su argumentario de partida, en el que lleva anclado desde que mantuvo su primera reunión con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a principios del pasado mes de marzo. El regidor provincial instó una vez más al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que «sea considerado con la única administración que viene cumpliendo con los objetivos de déficit y amplíe, en una enmienda de consenso con el resto de grupos, los supuestos para la inversión y, a su vez, permita la aplicación de esos recursos mediante transferencias a los diferentes ayuntamientos». La Diputación de Sevilla, previamente a la rectificación del Estado, había remitido una carta al propioBeteta en el que solicitaba que «se abrieran los supuestos» relativos a las inversiones financieramente sostenibles. Incluso le solicitaba que los requisitos permitieran que la institución provincial aplicara la fórmula que suele aplicar en los programa a los pueblos sevillanos, por el que se hace «un reparto equitativo» dependiendo de la población y con especial incidencia en la inversión a los municipios pequeños.
