El juez ha admitido a trámite la denuncia presentada por el centro de formación privada CEADE contra la Cámara de Comercio de Sevilla por la adquisición del 50% del campus educativo EUSA, operación que fue autorizada a principios de agosto por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
En cuanto se conoció la intención de la Cámara de Comercio de Sevilla de hacerse con el 50% de las empresas propietarias del campus EUSA y Nuevas Profesiones a las familias Valero y Uruñuela, el centro de formación privada CEADE advirtió de que esa operación era “contraria a la legislación andaluza de Cámaras de Comercio” e incurría “en competencia desleal”, y su intención de emprender acciones legales contra la misma.
Según confirmaron ayer a este periódico fuentes conocedoras del proceso, el juez ha admitido a trámite la denuncia interpuesta y ha pedido a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta –organismo que tutela las instituciones camerales de la comunidad– que explique los motivos en los que se ha basado para dar el visto bueno al desembarco de la institución cameral en la educación privada (con formación que requiere desembolso por parte de los alumnos).
La Cámara aprobó la compra –tras un año y medio de negociaciones– a mediados del pasado mes de julio, con la intención de trasladar toda su actividad formativa al campus EUSA, ubicado en el entorno de Viapol. Entonces, la institución defendió ante sus consejeros la legalidad de la operación y que esperaba el obligado pronunciamiento de la Consejería como un mero trámite preceptivo. Para tratar de evitar suspicacias, la Cámara limitó la adquisición al 50%. La Junta, por su parte, autorizó la compra a primeros de agosto.
Sin embargo, la noticia, adelantada en marzo pasado por este periódico, generó un gran malestar entre los centros dedicados a la formación privada, entre ellos CEADE, que advirtió al día siguiente de su intención de llevar el caso a los tribunales y elevar una denuncia ante el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.
CEADE argumentó entonces que la Cámara estaba incurriendo en “competencia desleal” y haciendo uso de unos “recursos públicos para fines distintos de los previstos en la legislación de Cámaras de Comercio como es entrar, sin estar habilitada para ello, a participar en una empresa mercantil privada que actúa en directa competencia con otras muchas empresas privadas dedicadas a la formación universitaria y profesional en Andalucía”.
De hecho, el centro privado solicitó al catedrático Javier Pérez Royo un dictamen al respecto que es demoledor contra los intereses de la institución cameral. El mismo –al que ha tenido acceso este periódico y que se detalla en el texto adjunto– califica la iniciativa emprendida por la Cámara de “jurídicamente disparatada y monstruosa” y no ajustada a Derecho.
