El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dejó ayer en libertad a los siete piratas capturados en Somalia el pasado miércoles "por imperativo legal y en absoluta disconformidad", después de que la Fiscalía haya retirado su acusación contra ellos.
Así lo acordó el juez, que ordenó a la autoridad que custodia a los piratas que los ponga en libertad "inmediatamente", en un auto en el que rechaza la petición de la Fiscalía de entregar a los corsarios a Kenia en virtud de un convenio firmado entre la Unión Europea y ese país sobre las condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería.
Esta decisión, contra la que cabe interponer recurso, afectará a los otros siete corsarios detenidos por los militares españoles, ya que, según anunciaron ayer fuentes jurídicas, la Fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar para ellos y, por tanto, Andreu tendrá que decretar su libertad en las próximas horas. El juez, no obstante ha decidido continuar con el procedimiento judicial al considerar que tiene la "ineludible obligación" de continuar las investigaciones porque el Estado Mayor de la Defensa denunció "unos hechos que serían constitutivos de delito y sobre los que la jurisdicción española tiene plena e indiscutida competencia".
Si bien, el magistrado advirtió de que con la resolución que ayer "se ve obligado a adoptar", no podrá "terminar con el enjuiciamiento de los inculpados". El pasado jueves, la fiscal Blanca Rodríguez pidió al juez el ingreso en prisión de los corsarios por los delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas, aunque ayer cambió de criterio y reclamó dejar sin efecto la prisión acordada por Andreu. Rodríguez, que también solicitó el archivo de la causa, defendió el jueves la competencia de la Audiencia Nacional basándose en el principio de jurisdicción universal para el delito de piratería al tratarse de un ilícito cometido en el extranjero, "perseguible en todos los países" por el principio de jurisdicción penal internacional que expresamente regula el Convenio de Ginebra y la Convención de Naciones Unidas. Sin embargo, en el escrito presentado ayer ante Andreu la fiscal se refiere al Canje de Notas suscrito en marzo pasado entre la UE y Kenia para establecer las condiciones por las que ese país va a recibir y enjuiciar a los presuntos piratas capturados por la Fuerza Naval de la Unión Europea (Eunavfor) en la operación Atalanta.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que no dispone de información sobre el proceso judicial seguido, pero recordó que existe un acuerdo con Kenia para que los detenidos sean juzgados en este país africano. Por último, los piratas se dirigían ayer hacia Yibuti a bordo de Marqués de la Ensenada. Allí se verá el procedimiento que se les aplica.
En cualquier caso, el Ministerio de Defensa consideró ayer que tiene elementos suficientes que acreditan la actividad delictiva de los 14 presuntos piratas. Las mismas fuentes señalaron que los militares españoles están cumpliendo su misión en Somalia "con eficacia".
