Para aclarar las causas del accidente del Yak-42, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, ha citado como testigos a 45 personas, entre ellas al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán, y al ex director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche.
Fernando Grande Marlaska también ha cursado comisiones rogatorias a quince países en la causa en la que investiga el accidente del Yak-42. En un auto notificado el miércoles, el magistrado -que ha fijado las declaraciones para los próximos meses de septiembre y octubre-, entre los 45 testigos, una treintena de ellos militares, también se encuentran el que fue jefe del Estado Mayor del Ejército, José Antonio González, y el ex subsecretario de Defensa Víctor de la Torre.
Entre los civiles llamadas a declarar que no son militares figuran la diputada del PSOE María del Carmen Sánchez Díaz -que planteó al Gobierno del PP numerosas preguntas sobre el accidente del Yak-, varios empleados de Chapman Freeborn -la empresa contratista del avión-, un periodista que viajó en un vuelo anterior de la aeronave y el presidente del sindicato de pilotos SEPLA.
El juez también acuerda que se tome declaración a otros testigos fuera de España: en Luxemburgo, a dos directores generales de Namsa, la agencia de la OTAN contratista de los aviones para el traslado de tropas españolas al exterior; en Noruega, a los militares que se quejaron de las condiciones de las aeronaves; y en Ucrania, al presidente de la empresa arrendataria del Yak siniestrado.
Además, Marlaska ha cursado comisiones rogatorias pidiendo diversos datos a Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano, Ucrania, Noruega, Egipto, Yibuti, Kuwait, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Canadá y Estados Unidos.
El juez asimismo solicita centenares de documentos a los ministerios de Defensa y de Fomento, al Congreso de los Diputados y Senado, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a varios medios de comunicación, a los que pide una copia de las informaciones transmitidas el día del accidente, el 26 de mayo de 2003, y en las fechas inmediatamente posteriores.
Las diligencias acordadas en la resolución habían sido solicitadas por las acusaciones particulares que ejercen los familiares de los 62 militares fallecidos en el siniestro en la causa en la que se investigan posibles irregularidades al contratar del avión. El 20 de mayo, Marlaska acusó a cinco altos mandos militares de un delito de homicidio por imprudencia grave y les citó a declarar como imputados.
