El Ayuntamiento de Chiclana está preparando el derribo de otra vivienda cuando aún está reciente el sonido de las máquinas que derribaron por primera vez una casa ilegal en el municipio. Es una orden expresada a través de una sentencia firme dictada por la Audiencia Provincial.
Esta construcción, de 120 metros cuadrados, se encuentra en la zona conocida como el Pago de Melilla, próxima al Novo Sancti Petri, en una parcela de 1.500 metros cuadrados que está protegida con la calificación de interés agrícola. Los magistrados han considerado que la dueño cometió un delito contra la ordenación del territorio y, por la tanto, requirieron el pasado 27 de febrero al consistorio el restablecimiento de la legalidad en esos suelos. El área de Urbanismo ya ha solicitado el presupuesto y fuentes municipales aseguran que el derribo se producirá en breve.
La propietaria de la vivienda ha fallecido, por lo que el Ayuntamiento se está poniendo en contacto con sus familiares para proponerles que acometan el derribo, del que se hará cargo la propia administración de forma subsidiaria si no obtiene respuesta. El pasado jueves ya hizo historia procediendo a la primera demolición en un municipio en el que se calcula que hay 15.000 construcciones.
El expediente de esta segunda edificación se inició en 2003 cuando los técnicos municipales denunciaron el caso de la obra que se encontraba entonces en sus inicios. A pesar de esta advertencia, se siguió construyendo hasta finalizar la casa. "Es una vivienda que nunca va a poder ser regularizada con el actual planeamiento y, además, es una sentencia en firme y le damos cumplimiento", señaló la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier. La delegación ha hecho un llamamiento a la calma a los ciudadanos que también se encuentran en situación irregular.
Aunque estas medidas parecen responder a un endurecimiento de la política urbanística, no dejarán de ser casos puntuales para dar cumplimiento a expedientes que ya están concluidos. El Ayuntamiento ha garantizado que el 99% de las viviendas ilegales seguirá en pie gracias a la puesta en marcha del plan de regularización que posibilitará que estas zonas consigan los servicios básicos esenciales, costeados por los propietarios. "Quiero transmitir a la ciudadanía en general que no tiene por qué haber alarma social o una inquietud porque nos encontramos en un proceso de ordenación urbanística. No sólo llevamos a cabo estas mediadas, que no son socialmente agradables pero hay que hacerlas. Lo más importante es el proceso de regularización en el que nos encontramos", explicó la delegada de Urbanismo.
