«Comprobar los circuitos de financiación» de Invercaria, ese es el motivo por el que el juez que investiga las presuntas irregularidades en la empresa pública de capital de riesgo de la Junta de Andalucía. El magistrado reclama diversa documentación a la Consejería de Innovación, a la Intervención General, a la Cámara de Cuentas y a la propia jueza Mercedes Alaya sobre la contabilidad de IDEA, ya que son datos que obran en la causa de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Por otro lado, ayer prestó declaración como imputada la expresidenta de la entidad Laura Gómiz por el crédito concedido a la diseñadora Juana Martín, a la que dijo que quiso denunciar por impago.
La expresidenta de Invercaria Laura Gómiz, ayer en los juzgados. / Foto: Raúl Caro (Efe)
Con esta decisión, el titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, acepta la petición planteada por el perito del Ministerio de Hacienda, en la que le reclamaba abundante documentación. El objetivo del perito es «comprobar los ingresos habidos» en Invercaria «por las diferentes vías de financiación que se hayan podido producir, como son la inclusión directa en los presupuestos de IDEA o bien las indirectas a través de préstamos o encomiendas de gestión, no solo de la sociedad IDEA y de la Consejería de Innovación de la que dependen ambas, sino la que se haya podido realizar por cualesquiera otras consejerías e incluso vías indirectas a través de fondos».
Así, el instructor reclama, entre otra documentación, a la Consejería de Innovación sus presupuestos, sin consolidar, «con especial referencia a los fondos transferidos directamente a Invercaria o indirectamente a través de IDEA o como encomiendas de gestión de fondos referidos a los años 2005 a 2013». Al depender Invercaria de IDEA, el juez no sólo pide documentos sobre consejos de administración y otros datos sobre la contabilidad de la empresa, sino también de esta agencia pública. De hecho, le solicita a la jueza Alaya «la contabilidad de la misma en formato legible», dado que en la causa de los ERE «están siendo objeto de peritaje diversos aspectos de IDEA».
Asimismo, reclama las comunicaciones efectuadas a la Consejería de Economía y Hacienda, y en su caso las autorizaciones de endeudamiento solicitadas y las concedidas por la misma Consejería entre 2005 y 2013; el Plan Estratégico de Invercaria para el periodo 2010-2015 y su contabilidad.
Por otro lado, el juez tomó ayer declaración a la expresidenta de la empresa pública por la causa abierta por las ayudas a Juana Martín. Gómiz explicó al magistrado que ella misma ordenó a la asesoría jurídica demandar a la modista flamenca Juana Martín tras un segundo impago del crédito, advirtiendo a la modista de que entraría en concurso de acreedores si no buscaba una solución a sus problemas.
La expresidenta aseguró que «no ha tenido ninguna participación» en el proyecto, por el que Juana Martín recibió 900.000 euros para «una línea prêt à porter», tanto en lo relacionado en los estudios técnicos del departamento de Promoción como en lo referente a las propuestas de inversión o la firma de préstamos relacionados con ese proyecto. De hecho, dijo que su conocimiento del proyecto de inversión de Invercaria en Juana Martín fue «genérico y limitado», pues se concedió antes de su llegada a la entidad.
