El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla envió ayer al grupo Por Nuestro Betis (PNB) una providencia en la que le comunica que ha incoado un expediente de jurisdicción voluntaria sobre la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas. En otras palabras, el Juzgado acepta la petición de la asociación bética y comienza el procedimiento para convocar por vía judicial una asamblea que se celebrará entre finales de octubre y principios de noviembre. Así pues, la oposición a los actuales dirigentes verdiblancos y los administradores de la jueza Mercedes Alaya ya tienen lo que querían: una junta extraordinaria lo antes posible para configurar un nuevo consejo de administración que de verdad represente la fisonomía del capital social de la entidad, sin elementos extraños como Luis Oliver y Bitton Sport al mando del club y con una limpieza total en lo que al resto de consejeros se refiere.
La decisión del juzgado obedece a un requerimiento que PNB presentó allí después de que el Betis no atendiese su solicitud de que se convocase una junta extraordinaria, realizada el 4 de mayo. Uno de los puntos del orden del día era el cese y el nombramiento de un nuevo consejo, aunque por aquel entonces ni siquiera se intuía que Manuel Ruiz de Lopera iba a vender sus acciones a Luis Oliver.
"El tema se paralizó cuando el Betis anunció que convocaría una junta para el 20 de agosto, pero esa asamblea se suspendió después y a principios de septiembre nos personamos otra vez en el juzgado para comunicar todo este despropósito al magistrado", explica José Antonio Tirado, presidente de PNB. "No sospechábamos la trascendencia que iba a tener, pero la junta va a ser fundamental porque va a suponer la salida de Oliver del Betis", augura Cayetano García de la Borbolla, abogado y también componente de PNB.
EL CLUB TIENE DIEZ DÍAS. A partir de ahora, los actuales rectores del Betis disponen de diez días para presentar alegaciones o poner fecha a la junta. Una vez concluido ese plazo, será el Juzgado de lo Mercantil el que decida qué día se celebra la asamblea. Dice PNB que el juez (Emilio Gómez) fallará "inmediatamente", y como la junta debe convocarse formalmente con un mes de antelación, el grupo calcula que tendrá lugar de aquí a "40 ó 45 días", según Tirado. Es decir, a finales de octubre o principios de noviembre, un mes antes de la junta anunciada por el actual consejo de administración, aunque tanto la oposición como los administradores judiciales llevan semanas expresando su temor a que esa junta del 30-N tampoco se celebraría. "Dudamos de que esa junta tenga lugar y que estos hombres cumplan su palabra", ratifica Tirado.
La irrupción del Juzgado de lo Mercantil presumiblemente hace que opciones más radicales, como la intervención judicial, sean ahora más remotas. "Ya no sería necesaria", reconoce García de la Borbolla. "Ahora podemos cumplir el sueño de ver el Betis dirigido por los béticos. Esa junta va a constituir el auténtico cambio en el Betis", remata Tirado. La vía judicial abierta por PNB, por cierto, contaba con el respaldo oficial de los administradores judiciales de las acciones de Farusa.
