Tanto es así que la interpretación que hace el interventor municipal del plan de ajuste del gobierno local es que invalida el plan de saneamiento que el Consistorio aprobó en mayo de 2010 y que no se daba por cerrado hasta que en la liquidación del año que está en curso se saldaran los balances negativos que se arrastraban desde 2008 y se lograra un equilibrio financiero. Aquel documento tardó un año en elaborarse, fue revisado tres meses por la Junta de Andalucía, se tuvo que corregir, se aprobó y, pese a todo, se tuvo que modificar al no haberse cumplido. Aquel documento duraba tres años. El plan de ajuste aprobado condiciona las cuentas hasta 2022 y, sin embargo, se ha elaborado en menos de un mes, su única supervisión es un informe del interventor que se limita a señalar que cada tres meses revisará que se esté cumpliendo, fue remitido a la oposición horas antes de su aprobación y ni siquiera se ha consultado con agentes sociales o los propios trabajadores del Consistorio, los más afectados por el ajuste.
Y en ese mes escaso de preparación ha quedado determinado que el Consistorio hasta el año 2022 tiene que conseguir unos ingresos mínimos de 925 millones de euros -2011 se cerró con 853, lo que justifica las subidas y los planes contra el fraude- y no podrá gastar más 786 millones de euros. Y no sólo eso, sino que incluso están condicionados los gastos que se realicen. Si se puede o no endeudar la administración para realizar inversiones, cuánto dinero se puede destinar a gastos de personal o qué margen habrá para realizar gastos corrientes para el mantenimiento de los servicios básicos. De hecho, ya se indica que el gasto en sueldos debe ser entre 17 y 23 millones inferior al de 2011 durante diez años, y que los ingresos por tributos deben superar entre 14 y 26 millones los obtenidos el año pasado. Aunque, eso sí, hay casillas que quedan vacías. En todas las categorías vinculadas a reducción de altos cargos, personal de confianza o consejos de administración la única partida incluida es una simbólica de 124.000 en retribuciones de alta dirección. El resto de las casillas quedan completamente vacías. Según el gobierno, no hay ahorro posible en altos cargos o personal de confianza en diez años.
Mirando con más detenimiento la documentación se encuentra incluso una tabla marco sobre la financiación de los servicios públicos en el que este gobierno determina cuánto se podrá gastar en transporte, limpieza, urbanismo, abastecimiento de agua o Cultura hasta el año 2022. Es decir que si el gobierno actual criticó la herencia de un plan de saneamiento aprobado en 2010 por un remanente de tesorería negativo y que duraba tres años completos, ahora Juan Ignacio Zoido dejará como legado unas cuentas condicionadas hasta 2022. Y todo con la justificación de un grave problema de pago a proveedores que paradójicamente se cuestiona en el mismo documento del plan de ajuste. Según éste, 2011 se cerró con un retraso en los pagos a los proveedores de 56,9 días -muy por debajo que en años anteriores-, y en 2012 se alcanzarán los 36. Es cierto que este balance no contabiliza el tiempo que el Consistorio tarda en reconocer una deuda -a veces años- pero sí vuelve a sembrar dudas sobre la proporcionalidad de la medida aprobada con respecto al fin que persigue.
