La Junta de Andalucía, las diputaciones y los ayuntamientos andaluces deberán garantizar intérpretes en lengua de signos española a los 174.000 andaluces que tienen discapacidad auditiva y sordoceguera en servicios públicos como la administración, educación, salud, justicia o transportes
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar hoy la tramitación del anteproyecto de la ley que regulará en Andalucía el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera.
La norma, que amplía la legislación estatal de 2007, se aplicará en los servicios públicos, las relaciones con las administraciones, el transporte, los medios de comunicación, la participación política y las telecomunicaciones.
Establece medidas destinadas a garantizar el uso de la lengua de signos española como condición básica de accesibilidad y no discriminación para la población andaluza afectada por este tipo de discapacidades, que supera las 176.000 personas, según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.
"Se trata de convertir en derecho prestaciones para normalizar la plena integración de este colectivo", ha destacado.
Con una dotación económica de 110 millones por año, desde 2010 a 2012, las principales novedades pasan por la regulación de los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que se encargará de facilitar la participación de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.
La norma promoverá la presencia de intérpretes en los puntos de información y atención al público de las principales estaciones de transporte de viajeros de la comunidad, además de establecer que los servicios de atención telefónica de las administraciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva.
Además, la Administración de Justicia deberá cumplir este objetivo en los procesos de todos sus órganos jurisdiccionales y también se adaptarán los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
En Educación, deberán ser reforzados los recursos humanos, materiales y tecnológicos de apoyo que, tal como recordó la consejera, ya se vienen utilizando en los centros escolares, aunque Navarro prevé que el lenguaje de signos español sea considerado a efectos académicos como un idioma.
