La red del metro peligra. Elena Cortés (IU) es la consejera que tendrá que decidir si la Junta cumple o no su promesa de abrir el tramo de la línea 3 entre Pino Montano y el Prado en 2017, para lo que las obras deberían empezar el próximo año. Y, por ahora, no parece que esté entre sus prioridades. Ayer, tras el traspaso de poderes, ante su antecesora, Josefina Cruz Villalón, sólo respondió a los periodistas que el proyecto de la línea 3 "habrá que verlo en estos primeros días y semanas". ¿Prevé mantener el calendario? "Habrá que verlo", reiteró sin más. Eso sí, dejó claro sus objetivos: trabajar para los "doblemente golpeados por la crisis", es decir, por los que han perdido su vivienda, y por el fomento del transporte público, "los ciclistas, la bici y el peatón".
Nada dijo de metros o tranvías, carreteras o autovías. Así que los proyectos de las líneas 2, 3 y 4 del Metro -91 cajas con 128.378 páginas y planos- cuya redacción costó a la Junta 17 millones y tres años de trabajo, podrían quedar en el cajón. O, en todo caso, ser revisados y retrasados. Y es que en las alegaciones que presentó IU a la red del suburbano se aboga por un modelo de Metro distinto al diseñado y, sobre todo, poco factible en crisis.
IU apostó por una construcción y explotación completamente pública, por prolongarlo hasta zonas como San Jerónimo o el Polígono Sur y por un metro más barato, lo que podría traducirse en menos subterráneo. Sin embargo, el PSOE planteó un sistema financiero público-privado en el que las empresas pondrían todo el dinero para la obra, gracias, sobre todo, al crédito del Banco Europeo de Inversiones, y en el que la Administración iría pagando al ponerse en servicio. Sólo la línea 3 -Pino Montano-Los Bermejales- cuesta 1.179 millones de euros y las arcas públicas están bajo mínimos.
Además, con IU al frente de la consejería de Fomento y Vivienda, los contactos con el sector privado se antojan más complicados, sobre todo teniendo en cuenta antecedentes como la relación de IU en el anterior mandato municipal con los empresarios.
Ante este panorama, en enfrentamiento con el Gobierno municipal del PP está servido. Las discrepancias ya surgieron antes de las elecciones y no pararán. Eso sí, por lo menos Elena Cortés no tendrá que lidiar con el equipo de Zoido por los cambios en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).
Será el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, (con las competencias en Ordenación del Territorio y Urbanismo) quien dirá si puede haber un parking en la Alameda y un centro comercial en la Gavidia. Unos cambios que no casan con la filosofía del Plan aprobado por la Junta ni con las políticas que defiende IU.
