Una década después de nombrar a Cesáreo Martínez jefe de la Policía Local de Dos Hermanas, el alcalde, Francisco Toscano (PSOE), declarará ante el juez con la imputación de un presunto delito de prevaricación sobre su cabeza. Deberá explicar este nombramiento, ya revocado.
La denuncia la interpuso el 22 de enero de 2007 -en precampaña de las elecciones municipales- el PA de Dos Hermanas. El presunto delito de prevaricación del que acusa al regidor fue el citado nombramiento en 1998, cuando el candidato no reunía el perfil legal necesario para ocupar el puesto en el cuerpo.
Una providencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Dos Hermanas es la que cita al alcalde. El PA, sin representación municipal, ejercerá la acusación particular. La que fuera su candidata para Dos Hermanas, Francisca Navarro, declaró ayer que la denuncia contra el alcalde se produjo tras una sentencia previa de un juzgado, que declaró ilegal el nombramiento del ex jefe de la Policía Local y de dos subinspectores de este mismo cuerpo.
Después de esta resolución, según declaró la andalucista, el regidor se vio obligado a destituir a los tres cargos, aunque con posterioridad, añade la denuncia del PA, el alcalde nombró al jefe policial relevado "asesor de seguridad" en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, mientras que los dos subinspectores desempeñan actualmente sus labores de agentes en el cuerpo. El actual comisario de la Policía Local es Antonio Lora.
El titular del juzgado hace extensivo el procesamiento a todos los miembros de la comisión de gobierno y a los secretarios que como tales desde el año 1998, cuando se produjo el nombramiento de los cargos. "Entre las posibles irregularidades cometidas en el proceso de selección aparecen la no publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y la no inclusión de la plaza de jefe de la Policía Local en la oferta pública de empleo de 1998", según el texto. La andalucista destacó también que "las personas seleccionadas no tenían la titulación requerida para las plazas".
Inhabilitación. "La interinidad de estas plazas sigue prolongada en el tiempo, a pesar de contar con una sentencia en contra del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla dictada el 6 de julio de 2006, por lo que la comisión de gobierno presuntamente tomó a sabiendas una resolución injusta", prosiguió la líder del PA.
Dadas estas designaciones, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) presentó la primera denuncia contra el alcalde por considerar no ajustada a derecho el nombramiento.
Una vez ganado el juicio, que se celebró en Sevilla, y obtenido el Sppme la sentencia que obligaba a cesar a los mandos, tal y como publicó este periódico en su día, el PA presentó otra denuncia contra el regidor al entender que había podido incurrir en un supuesto de prevaricación en el nombramiento de los mismos.
De resultar declarado culpable, el regidor sería inhabilitado para ejercer un cargo público de siete a 10 años, pero la acusación particular pedirá la pena máxima. De todas maneras, todavía no se sabe cuándo irá a declarar el alcalde. Sobre su imputación, desde el equipo de gobierno (PSOE) no quisieron hacer declaraciones y fue imposible contactar con el propio regidor.
