El acuerdo de gobierno en Andalucía que PSOE e IU sellaron hace dos años y medio entra en el nuevo curso político en una de sus fases más decisivas. Mantener la estabilidad es el objetivo declarado de ambas fuerzas políticas. No obstante, ninguno de los socios oculta que se avecinan tiempos complicados. Sobre la mesa del nuevo curso político está la elaboración del Presupuesto para 2015. Los casos de corrupción que acechan a los socialistas, como el caso EREo el supuesto fraude de los cursos de formación, tensan igualmente las relaciones, con la preocupación de IU por verse perjudicado por estos escándalos y los recelos del PSOE porque sus socios se sumen a iniciativas como la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento sobre los cursos de formación que a toda costa quiere evitar. La proximidad de las elecciones municipales tampoco ayudará a limar aristas. La fragmentación del votos de izquierdas, la irrupción de fuerzas como Podemos y la pelea por este espacio político será dura ante los comicios de mayo de 2015. Si las relaciones se resquebrajan, la presidenta Susana Díaz siempre tendrá en su mano la posibilidad de un adelanto electoral. Una opción que todos se empeñan en alejar pero que admiten que puede llegar a ser realidad. Siempre, tras las municipales, advierten.
Las cuentas autonómicas para el ejercicio venidero deberían de ser menos complicadas que las anteriores pero igualmente no darán grandes alegrías a los partidos en el Gobierno. Aunque el contexto económico es ligeramente más positivo y las restricciones parecía que iban a tener que ser menores, la realidad constatada por la Consejería de Hacienda es que la elaboración de la nueva ley presupuestaria será «dura» y «difícil». El Ejecutivo andaluz culpa al Gobierno de Mariano Rajoy de haber recortado 600 millones de euros a la comunidad. Hay que acometer recortes para que los números cuadren. Los socios discuten ya el escenario de ingresos de las futuras cuentas y ya hay discrepancias. El PSOE descarta taxativamente nuevas figuras impositivas que IU viene reclamando para mejorar el escenario financiero por la vía tributaria. Los socios minoritarios ya han asumido que medidas como un nuevo impuesto a las grandes superficies no verán la luz mientras Díaz esté en la presidencia. Los márgenes para evitar nuevos recortes son muy estrechos.
Ya la negociación del Presupuesto actual puso en un brete al Gobierno andaluz. La escena del coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, al filo de la medianoche en una reunión improvisada en San Telmo con la presidenta Susana Díaz, a pocas horas de la aprobación del proyecto de ley, escenifica perfectamente las tensiones. Los recortes a los funcionarios y empleados públicos estuvieron en el epicentro de la discusión. En el nuevo horizonte financiero, Díaz ya se ha comprometido en el Parlamento a devolver la paga extra a los funcionarios. IU pide que además se restituyan todos los derechos al personal de la sanidad pública. Una parte muy importante de la plantilla interinos y eventuales vieron recortada su jornada sobre el papel un 75%, con el consiguiente recorte en sus nóminas. Los sindicatos de la sanidad avisan de que la situación es insostenible y que ese recorte no se cumple en la realidad más allá de los emolumentos. IU buscará compromisos firmes a favor de la educación y la sanidad públicas. El PSOE comparte el discurso pero es mucho más cauto y evita concretar si Hacienda podrá abrir la mano. Desde el Gobierno central se limitan a dar consejos para el ahorro a las comunidades. A finales del pasado julio elaboró un documento con 255 propuestas, entre las que incluye copagos y más reducciones del sueldo a los funcionarios. Dos vías que PSOE e IU desechan.
El balance legislativo del pacto de Gobierno no es especialmente brillante. En el ecuador del acuerdo, cuando se cumplieron dos años de las elecciones, solo una de las 28 leyes comprometidas en el acuerdo había visto la luz. El Gobierno prometió «un vendaval legislativo» en los próximos meses y desde IU insistieron en reclamar una revisión «estratégica» del acuerdo antes de enfilar la recta final del mandato.
IU se negó a celebrar un debate extraordinario en el Parlamento el pasado julio a raíz de las investigaciones judiciales que saltaron a la luz pública sobre el supuesto fraude masivo de los cursos de formación. Este jueves la Cámara volverá a reunirse con otras dos peticiones de pleno extraordinario sobre la mesa. El PP reclama que el Gobierno andaluz comparezca de forma urgente para dar explicaciones sobre las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a las empresas del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.También pide un debate sobre la elevación al Tribunal Supremo, por parte de la juez Mercedes Alaya, de la parte de la instrucción relativa a los aforados en el caso ERE. No es previsible que IU altere la posición que mantuvo semanas atrás, cuando unió sus votos al PSOE para rechazar las peticiones de la oposición. Sin embargo, la federación de izquierdas nunca deja de coquetear con la posibilidad de que la Cámara investigue sobre qué ha ocurrido con los fondos de la formación. Así lo planteó hace meses, cuando saltó el escándalo y a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas que alertó de numerosas irregularidades en la gestión de estas subvenciones por parte de una fundación de Empleo, Faffe, hoy ya extinguida. IU amagó con pedir esa investigación pero finalmente se retractó y se limitó a pedir un informe más exhaustivo al órgano fiscalizador. Aseguró que cuando se tuvieran resultados sobre esa nueva auditoría volvería a replantearse sus posiciones.
El partido de Maíllo ya propició la apertura de una comisión de investigación sobre el caso de los ERE hace dos años, en el inicio de la legislatura. El resultado fue muy dudoso. Los grupos de la Cámara no lograron aprobar ninguna conclusión. PSOE y PP unieron sus votos. Los primeros porque consideraban que las conclusiones de IU que apuntaban al exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, como «muñidor» de la trama iban demasiado lejos. Los otros porque creían que un documento que no señalara la responsabilidad de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán sería quedarse demasiado corto. La experiencia política no fue constructiva. El PSOE no quiere repetir con este nuevo escándalo. IU, como siempre, juega al sí pero no.
