El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 330 años de cárcel impuesta a un hombre que quemó su bloque de viviendas con intención de matar a 53 vecinos, pero ha ordenado que cumpla la condena en el Psiquiátrico Penitenciario, de acuerdo con la enfermedad mental reconocida en la sentencia.
El Tribunal Supremo, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, acepta el recurso del abogado defensor y precisa que el acusado debe cumplir su condena en un "centro adecuado para recibir tratamiento médico psiquiátrico de la anomalía psíquica" que padece.
Rafael P.P. fue condenado por la Audiencia de Sevilla porque en la madrugada del 17 de julio de 2009 colocó varios artefactos explosivos hechos con bombonas de butano y bidones de gasolina repartidos por su bloque de la calle Arquitecto José Gómez Millán, de la barriada de Las Naciones.
A continuación los hizo explosionar con intención de matar a sus vecinos y no solo de "darles un escarmiento", como dijo en el juicio, según la sentencia.
El pirómano, de 71 años, fue condenado a seis años de cárcel por cada uno de los 53 delitos de asesinato en tentativa, junto a otros 12 años por un delito de estragos y el pago de 238.950 euros a la comunidad de propietarios por los daños causados.
Rafael P.P. colocó en su propia vivienda, en el cuarto de contadores, en el ascensor y en varios rellanos unos artefactos compuestos por bombonas de butano, bidones de gasolina y disolvente, que hizo explosionar.
Su abogado, Diego de la Cruz, recurrió al Tribunal Supremo porque dos forenses psiquiatras declararon en el juicio que Rafael era "totalmente inimputable" debido a su "trastorno paranoide de la personalidad, junto a un trastorno de ideas delirantes de tipo persecutorio".
La sentencia de la Audiencia, sin embargo, se basó en el informe de una psicóloga para afirmar que en el momento de los hechos solamente tenía "afectada, y no anulada" su capacidad de discernir.
Ahora, el Supremo reconoce que hubo discrepancias entre los dos grupos de peritos pero afirma que el tribunal sevillano "razonó expresamente su conclusión respecto a la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud de su conducta y para ajustar su comportamiento a esa comprensión".
Explica que el pirómano "realizó una preparación de su acción criminal muy concienciada y prolongada en el tiempo, acumulando material hasta buscar el momento y la forma de ejecutarla con las mayores garantías de éxito", lo que "supone la presencia de un cierto control de los impulsos".
Aunque la condena fue de 330 años, el alto tribunal establece que el cumplimiento en el Psiquiátrico Penitenciario tendrá un máximo de duración de 25 años, si bien la defensa ha recurrido porque la actual redacción del Código Penal fija dicho tope en 21 años para el tipo de penas impuestas.
