El Gobierno retomará mañana la ronda con la oposición para intentar cerrar un pacto anticrisis antes del 1 de mayo. Todos los partidos asumen que la sociedad les exige remar en la misma dirección para combatir la coyuntura económica y aseguran tener voluntad de consenso, pero las posibilidades de que el acuerdo prospere son escasas. La Junta ya ha remitido a PP a IU un documento con 53 medidas para reactivar la economía y crear empleo, pero antes de sentarse a negociar, la oposición exige conocer qué políticas públicas sufrirán un tijeretazo para que Andalucía pueda cumplir con el plan de estabilidad de Zapatero. "Debe ser un requisito previo para sentarnos a dialogar. En el Gobierno andaluz hay mucha oscuridad y poca transparencia, y así es difícil", sostiene Pedro Vaquero, portavoz económico de IU.
Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública explican que el departamento de Carmen Martínez Aguayo trabaja intensamente para decidir las áreas que soportarán recortes para contener el déficit público, pero aún no se conocen los números. Hasta en cinco ocasiones ha preguntado IU al respecto al presidente andaluz, José Antonio Griñán, pero la Junta no tiene previsto desvelar cifras ahora. El Ministerio de Economía ha marcado el 10 de junio como fecha tope para tener listo el plan de estabilidad. Ya hay nueve comunidades que han presentado al Ejecutivo central sus propuestas y su ahorro vendrá de meter la tijera en el gasto de personal, retribuciones y subvenciones del sector público -este punto entra en la hoja de ruta de Griñán-, pero también las inversiones y políticas sociales como la dependencia sufrirán una merma de recursos.
La oposición exige claridad a la Junta y teme que el acuerdo anticrisis quede en papel mojado por la imposibilidad de poner más dinero sobre la mesa. "Van a cambiar el destino de algunas partidas del presupuesto, o sea, que es más de lo mismo o menos de lo mismo, porque habrá menos dinero por el plan de estabilidad", señala Vaquero. La propuesta de IU para acopiar nuevos recursos es que Andalucía, una de las comunidades más saneadas, se endeude más para blindar los derechos sociales, pero Griñán ha descartado de plano aumentar el déficit. El PP reclama mayor austeridad en la administración. Una vez que el Ejecutivo ha rechazado la petición de Andalucía de que se le exija menos esfuerzo que a otras regiones más endeudadas, la Junta debe volver a cuadrar sus cuentas. La consigna del presidente es que el reajuste afecte de lleno a las empresas públicas. En este camino contará con el apoyo del PP pero no de IU. El jueves, socialistas y populares pactaron en el Parlamento que se toquen las empresas públicas. El ahorro en la administración autonómica no se sabrá hasta que la Junta apruebe todos sus decretos de estructura, previsiblemente en el Consejo de Gobierno de mañana.
medidas. El Gobierno andaluz sí tiene una receta para engordar sus ingresos: un plan contra el fraude fiscal y la economía sumergida que, tal y como anunció Aguayo en noviembre, conllevará sanciones. Este plan, que IU defiende, está en el documento anticrisis y afectará a tributos vinculados a la compra y venta de viviendas o a herencias. De las 53 medidas del texto, 28 se inspiran en iniciativas de la oposición, como la ley del Trabajo Autónomo, y otras 25 las prometió Griñán en febrero en la Cámara: la beca de inserción de 420 euros para jóvenes con cargas familiares o la reforma de la FP. Ahora el testigo de la negociación recae en el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, pero la oposición insiste en que falta "tiempo y dinero".
