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"El plan de ajuste es una tiranía, un pie en el pescuezo de los pueblos"

El presidente de la Diputación de Sevilla alza la voz para reclamar una financiación local acorde a las necesidades de los municipios

el 09 feb 2013 / 20:00 h.

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Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla.

Lleva años predicando en el desierto, buscando que los pueblos reciban algo más que las migajas de una tarta que se zampan el Estado y las comunidades. Lo combatió siendo alcalde de La Roda de Andalucía, en la Sierra Sur, y cuando el reto era que llegaran allí servicios básicos y se aplicara un PER necesario para la subsistencia del campo sevillano; y lo mantiene ahora que lleva casi 9 años como presidente de la Diputación de Sevilla. Aquí y en Madrid, donde esta semana defendió a unos ayuntamientos que cree que se les ha demonizado al responsabilizarlos de una crisis que, a su juicio, no es culpa suya. Y es que Fernando Rodríguez Villalobos, como municipalista que es, alza una vez más la voz por la ansiada reforma de la financiación local, reivindica la "política cercana" de los alcaldes y reprocha los planes de Madrid que "maniatan" a los consistorios.


-El jueves pronunció una conferencia en Madrid, ¿le dio tiempo para reunirse, como quería, con el ministro Montoro?
-No ha sido posible, pero espero que pueda ser recibido algún día. Me amoldo a su agenda si me brinda la posibilidad. Quiero trasladarle que, ya que se ha reducido a los ayuntamientos la Participación de Ingresos del Estado (PIE) y están obligados por ley a no hacer lo que quieran sino lo que le exigen, al menos les permitan invertir parte del dinero en acciones que incidan en políticas de empleo, necesarias en la actualidad, y en dependencia, que se ven desmanteladas por medidas que ha promovido el Estado.


-¿Como cuáles?
-El 30 de diciembre me vino un vecino alarmado diciendo que a su madre le quitaban el botoncito, es decir, que le cortaban la teleasistencia. La mayoría pertenece a la Junta, que mantiene el servicio, pero el Imserso contaba con 1.700 terminales en Sevilla y, efectivamente, en 2013 ya no seguía el servicio. No se cortó porque, desde ese día, la Diputación soporta ese pago. El Estado me dijo nanai de la china, mientras la Junta me dice que es difícil de asumir en su presupuesto. Pero aunque sea complicado, hay que resolverlo.


-¿La economía de la Diputación puede sortear este sobrecoste?
-Claro, pero quitándolo de otro lado. Aquí no hay magos y quien diga eso miente. Le doy prioridad a unas políticas que ayudan a una persona con 80 y tantos años, con problemas de movilidad y que está solita en casa. Poner en peligro esa atención me preocupa. Y no entremos en la atención a drogodependientes o a zonas de transformación social, que también están en riesgo. Como se quite lo esencial de ese estado de bienestar que algunos pretenden darle picotazos, malo. Eso le quiero trasladar a Montoro y si él no puede recibirme, al secretario de Estado. No se me caen los anillos con hablar con quien sea. Pero que sea resolutivo y no me venga el maestro armero y me dé cuatro capotazos.

-En esa cita también quiere debatir sobre la ley de bases de régimen local, ¿en qué cree que se puede mejorar el anteproyecto?

-Para empezar, el debate nace viciado, ya que hay una campaña de desprestigio de la política local. Dicen que hay que reformar la administración local porque son los causantes de la crisis y del déficit público. La gente se lo cree y defiende que es mejor reducirlos y fusionarlos. Una práctica, por cierto, que hizo Franco en su época... Pues la deuda local equivale sólo al 4,5% del total del país. Y los pueblos pequeños, que son los que sobramos según el Estado, representan el 3,66%. Por tanto, ¿aquí qué sobra? ¿El pequeño municipio que no afecta para nada en el global del déficit público? Las cifras demuestran que es una farsa.

-Pero esta ley será necesaria...

-Pero no así. Del anteproyecto subyacen medidas como reducir la actividad municipal a la mínima expresión bajo el eufemismo de "racionalizar la estructura organizativa"; o arrebatar las competencias desde criterios economicistas camuflado con el término "clarificar competencias". Con reducir municipios no acabas con el problema de España. La solución sería tratar lo local como una cuestión de Estado y darle el tratamiento de ley orgánica. Además, hay que sacar consideraciones que interesan a los alcaldes, como la financiación local. Los ayuntamientos nunca han recibido más del 13% de la porción de la tarta [los ingresos del Estado]. ¿Sabe que en Alemania, Suiza y los países escandinavos están en una horquilla del 20% al 25%? Si no llegamos a eso, no tendremos posibilidad de prestar los servicios de calidad.

-En un contexto de crisis, ¿es posible aumentar esa porción?

-Hay una tarta, con crisis o sin crisis, pero el porcentaje a destinar es del 25% en estos países y fue del 12% en España en el último año.


-Si tan dañina es, ¿por qué cree que la aborda el Gobierno?
-Para mutilar la representatividad local. Eliminando concejales hay menor representación del pueblo. Legitimado es un diputado, un congresista, pero más un alcalde, porque cuando la gente vota sabe quién es, cómo y de qué manera. Le ponen rostro. Y no solo el de pueblo, también el de la capital.


-El problema tal vez radique en que los alcaldes siempre han reclamado con la boca chica. ¿Es hora de que alcen la voz?
-El Estado pone un anteproyecto de ley sobre la mesa que los alcal- des, de todo signo político no ven bien. Unos más y otros menos. Sin embargo, lo que más interesa al Ayuntamiento de turno, que es la manteca, el Gobierno decide dar una patada adelante y posponerlo a 2014. Entonces, ¿para qué me reforma usted para quitarme concejales que en el 80% de los casos no cobran? ¿Por qué fusionar Gilena con Pedrera? ¿O La Roda con Estepa? Hablan de economizar, pero me pregunto qué gasto tiene un pequeño ayuntamiento.

-La Diputación no saldría mal parada, porque asumiría servicios de competencia municipal.

-Pero las Diputaciones no tienen por qué ser gestores, sino asesores. Complementar el vacío que tiene la política local como consecuencia de no tener presupuesto para abordar servicios que son de su competencia y tienen que ir de la mano de las diputaciones.


-¿Y qué le propone a cambio?
-Como dije en la conferencia, incrementar en cuantía y extender a más municipios la cesión parcial del IVA y del IRPF. Se trata de una propuesta que nace de la mayor parte de los municipalistas y ha sido debatida en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Además, las conversaciones con distintos grupos políticos se acercan más a lo que digo que a lo que aparece en la anteproyecto. No hay ningún alcalde que no quiera recibir más dinero.

-Y, mientras, la FAMP, ¿qué tendría que comentar al respecto?

-Por benévolo que sea, la FAMP [ahora en poder del PP de forma provisional] no está poniendo los mecanismos que los estatutos le permite para resolver los problemas actuales. Si no se convoca una asamblea general, al menos cita al órgano de dirección para valorar el anteproyecto. Pero la FAMP de eso no dice ni mu. Su presidenta en funciones, que está en funciones, insisto, no está para guardarse la llave sino para abrirla y al menos crear una comisión.

-Vaya engorro con la FAMP desde la marcha de Toscano.

-Si no llega a pasar, estaría todo funcionando. Pero lo que pasó, pasó, y como ya pasó, lo que hay que hacer es arreglar el entuerto. No se puede pensar en el pasado y lo que se dijo o no se dijo. Yo fui crítico, pero ya no se puede seguir echando la culpa al maestro armero. Ahora usted [por la nueva presidenta, Ángeles Muñoz], es la responsable y debe asumirlo.

-¿También hablaría con Montoro del PER y las peonadas?

-El campo no se conformará con admitir un número de peonadas que son casi imposibles de lograr para la mayoría, más cuando hay una bajada de la producción de hasta el 80% en cultivos claves en Sevilla. Si no hay aceitunas ni naranjas, ¿quién va a dar las peonadas? Ya costó una barbaridad que el Gobierno pusiera en marcha el PER. Ahora se le pide un PER extraordinario y dicen que ni muerto y se le plantea bajar las peonadas y la dejan en 20, que es positivo pero deja a mucha gente sin cobrar un dinero clave para subsistir. El Gobierno debe tener sentido común y pensar que hay un colectivo que no debe abandonar.

-¿Teme que esto puede derivar en una rebelión en el campo?

-Si la gente está al límite en las ciudades, también en el campo. Que nadie piense, como antaño, que en el campo con un cerdito y dos gallinas se tira para adelante. Hemos tratado en 30 años que los pueblos estén al mismo nivel que el resto de la provincia. En la Sierra Sur no se podía transitar porque las carreteras eran caminos. Ni había hospital ni ambulancias. Pero toda la evolución, con estas medidas, corre peligro de ser desmantelada. Si una persona no logra la mínima prestación, ¿qué hará? Pues irá adonde hay, que es en la ciudad. Y eso supone colapsar la aglomeración urbana.


-Hágame un diagnóstico de los ayuntamientos de la provincia.
-Están sometidos a la tiranía de un plan de ajuste. Este plan no es un dulcecito como han querido vender para pagar a proveedores, sino un pie en el pescuezo de los pueblos. ¿Por qué? Porque si uno paga un millón de euros a proveedores, después el alcalde tiene 4 años que no puede ni moverse y debe aplicar medidas de recortes. Y no pueden aportar su parte en proyectos cofinanciados. Te dicen no, no, no y mil veces no. No es un plan como los de la Diputación, que es a interés cero, sino que se aplica un interés como el de los bancos.


-¿Pero están peor o mejor?
-Siguen con la soga al cuello. La situación no mejora y medidas como la reforma de las haciendas locales van a hundirlas más en el fango. Hay fórmulas imaginativas, pero sin manteca es difícil que salgan de la crisis. La mayoría están dentro de la normalidad de una situación anormal de crisis, hay un grupo en estado grave y luego tres o cuatro que están más apretados aún, aunque ninguno para cerrar las puertas del consistorio, entre otras cosas porque está la Diputación para inyectar fondos.

-¿La Diputación aún tiene recursos para auxiliar a los ayuntamientos en peligro? Van cinco años tirando de remanente.

-Si Montoro no me da una buena contestación, lo tendré difícil. Llevamos años con superávit que se destina a los pueblos. Pero si el Estado me obliga a que ese superávit en vez de dárselo a los alcaldes se destine a pagar la banca... Ojo, que nunca me he negado a saldar la deuda a la banca, con la que se acordó pagar a plazos. Pero con la ley de estabilidad presupuestaria se ha acortado los plazos y lo que se pagaba en 10 años se hace en dos. Y por mucho superávit que haya, al final va para el banco. Lo que pido es que me deje una parte para seguir con esos planes.


-¿Qué actitud deben tomar los alcaldes ante esta situación?
-Deben trabajar serio y echarle menos la culpa al que fue. Eso, después de pasar dos años desde que cogieron la vara de mando, me parece hasta ofensivo. Sea del signo que sea. Algunos están permanentemente en esa crítica.


-¿Hace alusión, por ejemplo, al Ayuntamiento de Sevilla?

-Sí. Usted [por Zoido] vendió su producto en las elecciones. Pero no puede estar dos años llevando el timón y echar la culpa de la papelera que falta en una calle al anterior. Y después se coloca medallas cuando va a las Setas o a Fibes, que las hizo el malo. Pero no es sólo en la capital. Digo lo mismo si el que critica es del PSOE. Los anteriores ya pagaron en las urnas.

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