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El plan para rehabilitar el Centro enfrenta a la Junta y Urbanismo

El Consistorio rechaza asumir las expropiaciones que Obras Públicas ha frenado

el 08 nov 2010 / 19:58 h.

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La decisión de la Consejería de Obras Públicas de frenar al menos doce expropiaciones de edificios incluidos en el plan de rehabilitación del casco Norte y en los que estaba prevista la construcción de VPO ha abierto un enfrentamiento entre el área de Urbanismo y la Empresa Pública de Suelos de Andalucía (Epsa). El Ayuntamiento ha rechazado todos los argumentos puestos encima de la mesa por la administración autonómica para deshacerse de los expedientes y ha descartado en un escrito que esté dispuesto a asumir la responsabilidad de estos procesos que afectan a inmuebles prácticamente abandonados y en muchos casos con inquilinos realojados.

Epsa basaba su renuncia a intervenir en una serie de inmuebles pactados con el Consistorio en que, tras los estudios de las comisiones de valoraciones, los precios eran excesivos. "El valor de los suelos excede el 15% del precio de venta de las viviendas protegidas que pudieran construirse sobre los mismos", recogía el escrito remitido por Obras Públicas el pasado mes de marzo. Desde entonces, hasta en dos ocasiones ha respondido Urbanismo a la Junta de Andalucía. Y en ambas advierte de las consecuencias de la paralización del proceso, enmarcado dentro del área de rehabilitación concertada del casco histórico, y descarta que el Consistorio pueda asumir el coste de las expropiaciones.

"Son expedientes -explica uno de los escritos- en los que no ha desaparecido la causa de utilidad pública que motivó la expropiación, ya que han incumplido la función social de la propiedad (...) Son además todos ellos acuerdos expropiatorios firmes en vía administrativa pactados en la Comisión de Seguimiento Interadministrativa del Área de Rehabilitación del Casco Norte". En sus respuestas a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento rechaza el principal argumento puesto encima de la mesa por la Consejería de Obras Públicas: que tras iniciar los cálculos, el coste de las expropiaciones se excede de las posibilidades de la empresa autonómica y de los parámetros que establece la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Según el Consistorio, los cálculos iniciales que realizó Epsa, antes de que la Comisión Provincial de Valoraciones, realizara sus cuentas, ya eran superiores a ese 15%, y por tanto no se ha producido cambio alguno en la situación de los expedientes.

En el último de los escritos, fechado a finales de mayo -sin que desde entonces la situación se haya modificado según fuentes consultadas-, el Ayuntamiento afirma que el desestimiento en los procesos expropiatorios "violenta el interés público" e incumple el convenio de colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento para el desarrollo del área de Rehabilitación Concertada Alameda-San Luis-San Julián.

Durante este año, en plena crisis y en una consejería que ha sufrido un importante recorte presupuestario, se han sucedido, según se resume en uno de estos documentos de Urbanismo, las renuncias de Obras Públicas a acometer las expropiaciones y las posteriores rehabilitaciones de edificios casi abandonados de la zona Norte del Casco histórico. El paquete más importante se incluyó en un escrito remitido en marzo de 2010 a la Gerencia de Urbanismo en el que la Junta se deshace de doce expedientes, de otros tantos edificios. Algunos abandonados y con todos sus vecinos realojados y otros, como Bécquer 45, muy deteriorados aunque con inquilinos residiendo en su interior.

Pese a los escritos que revelan un enfrentamiento entre la Junta y el Ayuntamiento por la delicada situación en la que quedan tanto los inmuebles -cuyos propietarios han sido expedientados por incumplir la normativa de conservación de edificios- como los inquilinos, la Consejería de Obras Públicas niega que el programa de rehabilitación concertada impulsado en 2008 se haya quedado paralizado y limita los problemas a dos casos concretos que no especifica.

El acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento para la expropiación de edifcios se planteó en 2007, aunque estuvo vigente durante la etapa del actual viceconsejero responsable de las políticas de vivienda, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, como delegado de Urbanismo.

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