El último pleno del Parlamento (próximo jueves) antes de que se cierre el curso político será de carácter extraordinario y concentrará todos los temas que han volteado al Gobierno andaluz en pleno verano. La oposición, sobre todo el PP, atacará al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por tres flancos: los recortes en las políticas sociales que anunciaba un informe interno que Hacienda llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF); los efectos para la economía andaluza de la nueva ley de cajas de ahorros; y la salida de Cajasur del proyecto de la gran caja, que los populares volvieron a reprocharle ayer al presidente.
En los tres flancos, Griñán ya ha sido herido con anterioridad. En el primero, porque los recortes sociales de su propio Gobierno los anunció el PP en la Cámara. Un documento detallado que la consejera Carmen Martínez Aguayo llevó al CPFF, y que Javier Arenas trajo a Andalucía para pillar desprevenido a Griñán. Una vez difundido, a la Junta ya sólo le quedó ir a rebufo de su propio informe: se matizó, se cuestionó y hasta se reinterpretaron las propuestas y conclusiones del texto.
Al final convocaron un pleno urgente para recuperar la iniciativa y explicar con detalle si el Gobierno piensa desacelerar las inversiones sociales, como dice el informe. La expectación es máxima, porque el Consejo de Política Fiscal se vuelve a reunir a final de mes para volver a analizar los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades para próximos ejercicios presupuestarios. En teoría, Aguayo volverá con su informe bajo el brazo, pero ahora la Junta dice que no lo ha votado ni aprobado.
Respecto a los efectos del decreto-ley sobre el nuevo régimen jurídico de las cajas de ahorros hablará el consejero de Economía, Antonio Ávila. Aunque el propio Griñán ya ha mostrado su malestar por esta reforma, y se ha distanciado del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que insiste en que los políticos electos quedar al margen de los consejos de administración. Cuando le preguntaron el sábado por esto, la respuesta de Griñán sorprendió a muchos, porque llegó a plantear que la reforma de la ley iba en contra de la propia Constitución: "Las cuotas participativas sin derecho político es inconstitucional", dijo.
