El debate sobre el nuevo modelo de financiación rompe la unidad de discurso de PSOE y PP. La propuesta catalana choca con la de Andalucía y se acerca más a lo que dicen Valencia o Baleares. La dirección del PP-A niega un frente común de estas autonomías mientras los socialistas le urgen a censurar tal postura.
Que los socialistas de Cataluña y Andalucía hacían propuestas distintas sobre financiación autonómica es algo que ya se constató en la pasada legislatura pero, en la nueva etapa, la división de opiniones sobre el modelo de reparto de los recursos afecta también al Partido Popular. Mientras que la Junta ya ha expresado su rechazo a lo que plantea la Generalitat catalana (gobernada por PSC, ERC e IC), los populares andaluces evitaron censurar al ejecutivo de la Comunidad Valenciana, presidido por el popular Francisco Camps, que no oculta su coincidencia con Cataluña.
El consejero de Economía valenciano, Gerardo Camps, destacó que Cataluña y Valencia "tienen en estos momentos una situación parecida", con el "importante aumento de población" que se ha producido en los últimos años, que "trae consigo que haya una tensión en el gasto social". A esto se le añade la "desaceleración económica". Por eso pidió una revisión del modelo de financiación que permita que "tengamos mayores transferencias", apuntó.
Pese a ello, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró que no le consta que haya un "frente común" de esas comunidades y añadió que el PP valenciano ha expresado su apoyo al modelo recogido en el Estatuto de Andalucía, pactado por socialistas y populares. Lejos de criticar a sus compañeros, Sanz culpó al PSOE de las "dificultades" que se están produciendo para lograr un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, ya que, en su opinión, ha convertido esta materia en un "problema interno" que han trasladado "al conjunto de los españoles".
El PSOE le respondió en un comunicado. Luis Pizarro, secretario de Organización del partido, consideró que Arenas debería aprovechar sus "coincidencias y encuentros" -sobre todo a cuenta de la guerra del agua- con el presidente valenciano para recordarle cuál es su posicionamiento ante la reforma de la financiación.
El modelo catalán pasa por reducir las prestaciones que se tienen en cuenta para calcular cuánto necesitan las comundidades para financiarse y que el Estado sólo garantice a todas las autonomías entre un 65 y un 75% de esas necesidades.
