Zoido, quien prometió devolver un sitio a la oposición si gobierna, aludió a un acuerdo plenario de 1988 para denunciar lo que consideró el "mayor ataque a la democracia". Fue en esta fecha cuando a instancias de IU se aprobó una moción para que todos los grupos estuvieran representados en Mercasevilla. Pese a esto, 22 años después, los estatutos no recogen esta obligatoriedad. Sólo exigen que haya un 50% de concejales dentro de la representación del Ayuntamiento en un consejo que tendrá de 9 a 23 miembros. Y ésta es precisamente una de las justificaciones de la decisión adoptada por el Gobierno local. "No es incoherente, ni supone una pérdida de transparencia. Encaja con los estatutos", apuntó la portavoz.
El Gobierno insistió ayer en sus dos justificaciones para llevar a cabo una reducción del consejo de administración que deja al PP sin representación. La primera, el ahorro. Según los datos difundidos por el Ayuntamiento, la eliminación de 14 puestos de consejeros supone un recorte de 16.535 euros al año. Todos los grupos votaron a favor de esta reducción, el problema es que en el caso del edil del PP, al igual que el resto de concejales, no cobra dietas. Luego su coste es cero. El ahorro se produce por los desplazamientos y dietas de otros miembros del consejo, especialmente los de Mercasa, que sigue con cuatro representantes.
El segundo argumento es el perfil más técnico del consejo. "Todos habíamos planteado que había que reducir el peso político", apuntó Nieves Hernández. Sin embargo, como subraya el PP, sí se han quedado dos concejales en el consejo -Alfonso Mir y Antonio Rodrigo Torrijos-. Zoido hizo alusión a la propuesta intermedia presentada por los mayoristas de frutas: reducirlo en vez de a nueve a once para que tuviera sitio el PP. PSOE e IU no van a considerar la propuesta.
El Gobierno quiere intentar desvincular esta decisión de una maniobra para excluir al PP, y de ahí que ayer hiciera repetidas alusiones a la situación de los consejos de administración de otras ciudades en los que la oposición no está representada. Pese a esto, la medida se toma después de más de un año de denuncias públicas del PP y de conflictos en el seno del propio consejo por la actitud del edil Beltrán Pérez. Sus críticas protagonizaban buena parte de las sesiones, hasta ser acusado por otros miembros de ir contra los intereses de la sociedad y fue advertido públicamente por un supuesto uso irregular de datos internos. A menos de un año de las elecciones, PSOE e IU bloquean este tipo de actuaciones al cerrarle al PP la puerta de Mercasevilla
