La investigación por corrupción que se cierne sobre el presidente de la Diputación de Alicante y tres ediles del Ayuntamiento de Orihuela se ha convertido ya en disputa política entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, que ve en la operación y el enorme despliegue policial una maniobra "publicitaria y política".
En principio, el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, aseguró ayer que desconoce qué motivos llevaron a la Policía a detenerle el martes durante 12 horas. Las declaraciones de Ripoll se produjeron en la Diputación un día después de que la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) le detuviera junto a otros diez arrestos en Orihuela, Alicante y Valencia en relación con la operación Brugal, que gira en torno a la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja.
El presidente de la Diputación explicó que tanto el líder nacional del partido, Mariano Rajoy, como el regio¬nal, Francisco Camps, le han transmitido telefónicamente su "apoyo", aunque todavía "nadie" le ha comunicado los supuestos hechos que se le atribuyen. En cualquier caso, hoy prestará declaración ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela asesorado por sus abogados con un espíritu de "colaboración" y, previsiblemente, será entonces cuando se le informe de su situación.
Ripoll quiso ayer dar la cara para ofrecer su versión ante decenas de periodistas al mismo tiempo que otro de los detenidos, el empresario Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules y que también ha sido citado por el juez para hoy, relataba que está tranquilo y que su empresa actúa con "legalidad y honradez".
Críticas. Además, el consejero de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, consideró que "para pedir expedientes administrativos no hace falta hacer un despliegue policial de tanta magnitud" y, con ironía, opinó que "ya que ha ido tanto número de policías" la Generalitat agradecería "muchísimo" que se quedaran para rebajar las tasas de criminalidad, sobre todo ahora que es verano.
Algo más allá fueron las alcaldesas populares de Valencia, Rita Barberá; Orihuela, Mónica Lorente, y Alicante, Sonia Castedo, en sus críticas a este despliegue, que la tercera tildó de "indignante" y "en plan película" el alto número de agentes. También, a primera hora de ayer , la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó la presunción de inocencia de todo ciudadano y lamentó que en España se use mucho "la pena del Telediario". Por su parte, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, aseguró que las "formas" obedecen a una "utilización partidista de los poderes del Estado de Derecho".
Más lejos fue unas horas después el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que consideró que las detenciones fueron "confusas" y "echan tufo a detención publicitaria y política". En su opinión, esta fase de la operación Brugal pretende allanar el camino de José Luis Rodríguez Zapatero "de cara al debate del estado de la nación más difícil de su vida". Además, mostró un documen¬to del TSJCV, la citación de la Policía y una nota de prensa para concluir que los arrestos se decidieron en Madrid, así como el día y la forma "tan espectacular" de actuar, por lo que pidió una aclaración al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Desde el lado socialista, el delegado del Gobierno en la Comunidad valenciana, Ricardo Peralta, subrayó que la actuación de la Policía fue eficaz y "con pleno respeto". Por último, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, aconsejó a los dirigentes del Partido Popular que asuman que el partido está implicado "de los pies a la cabeza" en varios casos de corrupción.
