El PP registró el viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una demanda contra la decisión del Gobierno andaluz de no abrir expediente sancionador al ex presidente de la Junta Manuel Chaves por no inhibirse en la concesión de una ayuda a Matsa, empresa en la que trabaja su hija.
El escrito propone la nulidad del acuerdo adoptado el 21 de julio de 2009 por el Consejo de Gobierno de archivar las actuaciones contra Chaves.
Ese acuerdo fue motivado por el informe de la Inspección General de Servicios, que no apreció indicios de infracción contra la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, tal y como consideró el PP en su denuncia. Los populares sostienen que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición del ex presidente que podría constituir una infracción "muy grave", que conllevaría entre tres y 10 años de inhabilitación.
Por otro lado, el PP acusó al Gobierno andaluz de pretender "privatizar" la gestión de la administración a través de consultorías externas, que hacen la labor que les correspondería a funcionarios o a empresas públicas, como el caso de Egmasa.
