La crisis económica y la situación de asfixia de las administraciones locales centrarán el Pleno que se celebra hoy. Gobierno y oposición presentarán distintas mociones con el objetivo de aumentar el ahorro en gastos corrientes y reivindicar la necesidad de un nuevo sistema de financiación. Pese a la coincidencia en el fondo, PSOE y PP escenificaron de nuevo ayer sus diferencias respecto a las medidas concretas que se deben adoptar.
La propuesta del PSOE plantea la congelación de los sueldos de concejales y altos cargos, así como de las dietas por asistencia a los consejos de administración de empresas y organismos municipales -que en casos como el del alcalde representan casi la mitad de los ingresos-. El PP planteará varias enmiendas a esta iniciativa encaminadas a desarrollar aún más esta propuesta. Los populares reclaman, según explicó ayer el edil Gregorio Serrano, la supresión de las dietas y la reducción en un 10% de las nóminas de los altos cargos.
A este debate se añade la iniciativa impulsada por IU. La federación ha planteado un acuerdo para que el Ayuntamiento se sume a las reivindicaciones planteadas desde la Federación Española de Municipios y Provincias para aliviar la asfixia de las administraciones locales.
El primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, defenderá que los ayuntamientos tengan más margen de maniobra en el régimen tributario, que se flexibilicen los límites establecidos por la Ley de Estabilidad y que se muestra el rechazo explícito a los planteamientos expresados por el Ministerio de Hacienda de recortar las transferencias a los ayuntamientos respecto al ejercicio anterior.
El debate lo cerrará la propuesta económica del PP, presentada ayer por la edil Evelia Rincón, quien defenderá la implantación de una batería de medidas vinculadas a la situación económica. Entre estas iniciativas figura la elaboración de un plan municipal de austeridad, la rebaja "real" de los impuestos municipales que se aplican en Sevilla; la exigencia de más inversiones a la Junta de Andalucía; y la puesta en marcha de un fondo de ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Esta última propuesta ya fue defendida en el Pleno por los populares y rechazada por el Gobierno local que esgrimió un informe de los servicios jurídicos que consideraba ilegales estas subvenciones municipales.
Los populares pedirán además la transferencia de políticas activas de empleo, una propuesta que ya ha sido defendida por IU y que se incluye en el pacto de progreso, aunque la Junta la deniega de momento.
