El Grupo Popular en el Congreso presentó ayer una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que amplía el periodo de internamiento hasta un máximo de 70 días, recorta el derecho de reagrupación familiar y establece el requisito de la firma del contrato de integración.
El PP pretende que se reforme la Ley de Extranjería para "dar un giro de 180 grados y así poner orden y control donde ahora hay caos descontrol y desbordamiento", explicó en el Congreso el portavoz del PP para Inmigración, Rafael Hernando, quien expresó su deseo de que "España sea un país de oportunidades, y no de falsas expectativas".
Hernando planteó que el actual flujo de inmigrantes es "un auténtico caos", ya que el Gobierno se limita a anunciar "nuevas medidas que nunca desarrolla" y a realizar una "regularización masiva encubierta", como demuestra el que en los último tres meses se hayan concedido 330.000 tarjetas de residencia. "Es imprescindible una reforma de la Ley de Inmigración", dijo: "Si no se hace es porque el Gobierno está desbordado".
Una de las medidas que plantea la reforma del Partido Popular consiste en respetar el actual plazo de 40 días establecido como límite de tiempo para retener a un inmigrante irregular en un centro en espera de su expulsión. La formación considera que ese lapso es "suficiente" para completar los trámites, aunque solicita que se establezca un "plazo extraordinario de 30 días" adicionales en casos necesarios. En concreto, la propuesta fija los 40 días "sin que en ningún caso pueda acordarse un nuevo internamiento", mientras introduce que "excepcionalmente, este periodo podrá ampliarse en 30 días más mediante petición justificada por el Instructor.
El PP propone también restringir las reagrupaciones de forma que el extranjero que viva en España sólo pueda reagrupar a sus hijos menores y a su cónyuge, pero no a los familiares de éste. Además, ninguno de los reagrupados podrá a su vez reagrupar a otros parientes. En cuanto a sus padres, abuelos o suegros, sólo podrá introducirlos en España si lleva más de cinco años residiendo legalmente en el país, y "sólo podrán adquirir una autorización de residencia independiente cuando tengan permiso para trabajar".
Respecto al arraigo, la formación reclama un "informe" del Gobierno que exponga en qué términos se están concediendo permisos de residencia por esta vía, ya que, según Hernando, "se ha convertido en una figura para regularizar a los que entran ilegalmente en España".
La propuesta recupera el contrato de integración que ya planteó el PP en campaña electoral, en los mismos términos que entonces: lo tendrían que firmar los extranjeros que quisieran renovar su primera autorización de residencia y les comprometería a aprender el idioma y "respetar las leyes y derechos" de España.
Reacciones. Las asociaciones de inmigrantes criticaron las medidas del PP, al considerar que "no van por buen camino", ya que están centradas "en recortar derechos y no buscan promover la integración".
Por su parte, el PSOE acusó al PP de generar alarma social y de "no buscar solucionar nada". La portavoz socialista de Inmigración, Concha Gutiérrez, dijo que la oposición sigue instalada en la confrontación cuando el Gobierno habla de Pacto de Estado en esta materia.
