El Grupo Parlamentario Popular ha introducido entre sus 71 enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral una propuesta para que no puedan adoptarse medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto alterar lo pactado en convenio colectivo durante su vigencia, aunque se negocie su revisión. Y estas huelgas suelen ser habituales durante las negociaciones entre empresa y plantilla.
Este tipo de restricciones ya lo planteó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante el reciente conflicto del Metro de Madrid.
La enmienda afecta al Estatuto de los Trabajadores, y se enmarca entre sus propuestas para "fortalecer" la flexibilidad interna de la empresa y el descuelgue de los convenios.
Asimismo, los populares plantean que el despido objetivo por causas económicas se justificará cuando de los resultados o la evolución del nivel de actividad de la empresa se desprenda una situación negativa, que la compañía tendrá que acreditar.
Además, pide reformar el procedimiento de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción "distinguiendo entre las suspensiones y reducciones individuales y colectivas", fijando el umbral en el 10% de los trabajadores cuando haya entre 100 y 300 empleados y en 30 personas si la plantilla supera los 300 trabajadores.
El PP aboga por enmendar la regulación del contrato de fomento del empleo -que cuenta con una indemnización de 33 días en el caso de un despido improcedente en lugar de los 45 días del indefinido ordinario-, ampliando sus supuestos "de cara a incentivar a los empresarios la contratación estable", de forma que no sea necesario que el trabajador tenga que pasar tres meses en situación de desempleo antes de poder acceder a esta modalidad contractual, reduciéndose significativamente a quince días.
Respecto a la "flexibilización", el PP reclama cambiar los artículos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores haciendo del grupo profesional el eje de la clasificación profesional "y el límite de la movilidad funcional en el seno de la empresa". Los populares abogan por que los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas de carácter estatal "y de comunidad autónoma" puedan articular la negociación colectiva.
En cuanto al Fogasa, exige que se agilice la presentación a las Cortes del proyecto de ley sobre el modelo austríaco a la mitad del tiempo fijado por el Gobierno para crear el nuevo fondo de capitalización de despidos, pero salvaguardando ahora la salud del Fogasa sin subir cotizaciones.
El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, explicó que su partido pretende una reforma "completa, ordenada, coherente y muy ponderada", frente a la propuesta del Gobierno "que pone el único énfasis en el despido".
Así, indicó que sus enmiendas inciden en la reforma de la negociación colectiva, el derecho a la formación profesional o la limitación de la concatenación de contratos temporales. También cree que deben "clarificarse las causas del despido".
