Caben ya pocas dudas sobre la estrategia del PP en torno al caso Gürtel. Ha pasado un mes desde que María Dolores de Cospedal denunciara que dirigentes del PP habían sido espiados por el Gobierno y siguen sin aportar prueba alguna. Pero este pequeño detalle no les amedrenta. Al contrario, conscientes de que la única manera de que se hable poco de las relaciones con el PP de los imputados en la trama corrupta de Correa es desviando la atención con el mayor despliegue de fuegos verbales, prosiguen en su táctica. Esta misma semana, Esperanza Aguirre decía que detrás de las supuestas escuchas estaba Alfredo Pérez Rubalcaba (luego rectificó, pero parece que es lo de menos) y ayer fue Esteban González Pons el que acusó directamente a la Fiscalía General del Estado. Las denuncias tienen su eco en determinado sector de la sociedad española, pero no por ello dejan de ser un dislate muy perjudicial para la salud democrática del país.
