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El PP vincula el Plan Bahía al "corazón" del PSOE

Sanz insinúa que la Junta era la que decidía a quién otorgaban las subvenciones y que modificó los criterios

el 19 dic 2011 / 19:40 h.

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El PP quiere que el Parlamento celebre un pleno extraordinario para que el Gobierno dé cuentas sobre su papel en el fraude del Plan Bahía Competitiva, con ayudas públicas en Cádiz bajo sospecha, un caso que, según los populares, afecta al "corazón del PSOE". Este caso salpica al exgerente del Plan, Antonio Perales, hermano del histórico dirigente socialista Alfonso Perales y miembro del llamado ‘clan Alcalá', por la localidad gaditana de Alcalá de Los Gazules. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, recalcó que estas ayudas "supuestamente iban a salvar a los extrabajadores de Delphi".


Sanz denunció ayer que los "incumplimientos del PSOE" comenzaron en 2007, cuando la Consejería de Economía "prometió la llegada de ocho empresas a la Bahía y que pretendían la creación de 2.000 puestos de trabajo", una oferta que luego se amplió a diez empresas y a otros 300 ó 400 nuevos empleos. Según Sanz, "a día de hoy, solo se han instalado dos empresas y una de ellas ya ha tenido que hacer un ERTE", en referencia a Gadir Solar. La otra firma es Alestis. "Todo fue un fraude electoral", insistió el dirigente popular.


Sanz lanzó varias preguntas sobre la supuesta capacidad de decisión de la Junta a la hora de otorgar las subvenciones -el consorcio lo formaban la Junta, la Diputación de Cádiz y el Gobierno-. "¿Decidía Innovación a quién se le daban las ayudas?, ¿se concedieron con los informes técnicos contrarios? o ¿se modificaron los criterios para hacerlos subjetivos", preguntó el número dos del PP-A.


"mercancía averiada". Sobre el anuncio del presidente de la Junta de la puesta en circulación de mil millones en fondos reembolsables para pymes, Sanz recordó que este programa "no es nuevo" y criticó que el que se aprobó en 2008 fue un "rotundo fracaso", por lo que tildó esta medida de "mercancía averiada". Según sus datos, solo se ha desembolsado el 10% de los 771 millones que se prometieron entre 2009 y 2011.

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