El Tribunal Supremo ha anulado hoy la condena para el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Rivas por falta de pruebas en el caso Mercasevilla y ha confirmado las penas de 21 meses de inhabilitación y multa para los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce. Antonio Rivas, el exdelegado provincial de Empleo de la Junta, fue el primer político al que la jueza Mercedes Alaya sentó en un banquillo. Cinco años después, el Tribunal Supremo ha tumbado la acusación contra él por su «endeblez», absolviéndolo del delito de cohecho por el que fue condenado por el intento de soborno a dos empresarios a cambio de la gestión de la escuela de hostelería de Mercasevilla. Rivas ya ha anunciado que va a solicitar su «reincorporación» como militante del PSOE, tras haber tenido que solicitar su baja temporal por su imputación. El Alto Tribunal revoca así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque sí confirma la pena por estos hechos para el exdirector general de la lonja Fernando Mellet y el que era su adjunto Daniel Ponce.
Tanto Rivas como los dos exdirectivos fueron condenados al pago de 600.000 euros (el doble de la «mordida» reclamada) y a 21 meses de inhabilitación por un delito de cohecho por la Audiencia Provincial, tras ser declarados culpables por un jurado popular. Una sentencia que posteriormente fue ratificada por el TSJA en junio de 2013, pese a que los magistrados mostraron sus dudas sobre el fundamento de la condena. De hecho, hasta la propia jueza Alaya reconocía en el auto de apertura de juicio oral, tras concluir la investigación, que las pruebas contra Rivas eran «débiles», aunque «suficientes» para que pudiera ser juzgado y que «su actuación sea examinada bajo el crisol probatorio del plenario».
La sentencia recuerda que la principal prueba contra Rivas es la declaración ofrecida por Mellet ante la Policía, en la que indica que solicitó los 300.000 euros a los hosteleros por indicación de Rivas, después de que la Consejería de Empleo otorgara una subvención de 900.000 euros para la escuela de hostelería. Sin embargo, el Alto Tribunal considera que esta declaración policial «carece de toda eficacia probatoria», pues «no han sido ratificada en sede judicial en la fase de instrucción y tampoco en el juicio, pues en este acto el acusado se negó a declarar». Los magistrados tampoco comparten «el procedimiento sesgado» que se utilizó par dar validez a las mismas, citando como testigo al juicio al policía para que relatara lo que Mellet le dijo. «Es claro que carece de toda virtualidad probatoria», aseguran.
Tampoco consideran como válida la declaración en el juicio de Ponce, quien dijo que Mellet le había comentado que la orden venía de Rivas, porque es «una declaración de referencia que a su vez se remite a otra que no ha sido ratificada». Por ello, califican los indicios contra Rivas como de «una notable debilidad argumental» y de «una endeblez que no permite que se alcance una convicción racional con la solidez necesaria para constatar la autoría del acusado». «En este caso se perciben llamativas grietas en la estructura racional sobre la que se sustenta la hipótesis fáctica de las acusaciones», concluye.
En cambio, sí cree que hay pruebas contra Mellet y Ponce, que van a recurrir ante el Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, entre ellos la grabación realizada por los empresarios, y en la que se oye cómo los dos directivos le reclaman la «mordida», que «no vulneró ni el secreto de las comunicaciones ni el derecho a la intimidad». La reunión «no tenía nada que ver con el ámbito de la intimidad personal», aseveran.
Rabia y esperanza. Por su parte, Rivas dijo ayer que esta sentencia pone fin «a un auténtico calvario», que le ha afectado en «lo personal, laboral y en mi círculo de amistades». «Se ha hecho justicia y al fin he podido demostrar mi inocencia y que tengo mi conciencia muy tranquila. Nunca debí sentarme en el banquillo», dijo, tras admitir que siente «rabia contenida» por las «injusticias cometidas conmigo desde diferentes instituciones y desde personas de dentro y fuera del PSOE, por todas las cosas que se han dicho sobre mi persona». Por eso asegura que va a pedir inmediatamente «mi alta como militante del partido dentro de la agrupación de Camas», pese a que aunque ha sido absuelto por esta causa sigue imputado por los ERE. «De los imputados en los ERE más del 50 por ciento son del PSOE y siguen militando. Igual voy a hacer yo», aseveró. No obstante, esto no significa que tenga pensado intentar volver a la política activa porque «desgraciadamente dos operaciones que he sufrido no me permiten trabajar, tengo la invalidez absoluta, que es el único sustento de mi familia». Rivas también destacó ayer su inocencia en el caso de los ERE y afirmó que esta decisión del Supremo le hace afrontar «con esperanza» esta causa. Su abogado, Jon Ander Sánchez, destacó la «contundencia» de esta sentencia y alabó que «al fin, se ha hecho justicia, porque la propia jueza reconoció la debilidad de las pruebas y, pese a ello, lo sometió a la pena de banquillo». «Se ha demostrado la endeblez probatoria, como bien dicen los magistrados», añadió.
