Palmerín ha estado con los más pequeños en el Hospital
El Supremo ha dictado una sentencia en la que rechaza la devolución de una menor a su madre, por el “interés” de la niña. La doctrina apoya el argumento del juez Serrano en el caso Iván y Sara, y que la Audiencia desestimó. La madre fue indemnizada con 1,7 millones ante la imposibilidad de recuperarlos. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que, teniendo en cuenta el “interés del menor”, ha denegado la devolución de la niña a su madre biológica, pese a que ésta se había recuperado de sus adicciones. Un caso que recuerda al de Iván y Sara, aunque aquí la Audiencia ordenó la devolución y ante la imposibilidad la Junta indemnizó a la madre con 1,7 millones. Por ello, el juez de Familia Francisco Serrano, encargado del caso, mostró su satisfacción de que la doctrina del Supremo avale su criterio de que el bienestar del menor en la familia de acogida debe primar sobre la evolución positiva de su madre.
La Audiencia ordenó en el año 2000 la devolución de Iván y Sara a su madre biológica, una vez superado el alcoholismo que había padecido. Entonces el magistrado acordó un programa de acercamiento progresivo ante el rechazo que los niños mostraban hacia su madre tras varios años con la familia de acogida.
Serrano dijo ayer que está “muy satisfecho a nivel personal” por la jurisprudencia que sienta la decisión del Supremo de rechazar la vuelta del menor con la madre biológica, como había dictado la Audiencia de Toledo. Serrano ha lamentado los años durante los que fue “vituperado y criticado duramente” por sus decisiones, cuando tanto Iván como Sara le expresaron su rechazo a volver con su madre, Carmen Fernández. Por ello, fijó un programa de acercamiento progresivo, aprobado por el anterior letrado de Fernández, que fue interrumpido por el Tribunal Constitucional, que paralizó el programa de acercamiento para dar entrada en el proceso a los padres de acogida
Una nueva sentencia de la Audiencia, varios años después, dio la razón a la madre de Iván y Sara, que ante la imposibilidad de recuperarlos recibió una indemnización histórica de 1,7 millones de euros por la retirada irregular de sus hijos y por su “largo y tortuoso calvario” durante los diez años sin ellos. La Junta llegó a recurrir ante el Constitucional, que confirmó la indemnización. Serrano se declaró convencido de que si el caso hubiese llegado al Supremo le habrían dado la razón, como ha ocurrido ahora.
En opinión de Serrano, los jueces de Familia “vemos las situaciones en primera línea y comprendemos el interés de los niños y sus circunstancias”. Según el juez, no se puede tener en cuenta sólo “el calvario de la madre sin acordarse del que sufren los niños”, insistiendo en que la decisión que tomó fue la “correcta”.
