Nuevo varapalo para la Junta de Andalucía por el vertido de Boliden del 25 de abril de 1998 . La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha emitido una tercera sentencia en la que rechaza definitivamente la reclamación por parte de la Junta de 89,9 millones de euros a Boliden por el vertido tóxico producido por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, según una sentencia dictada el 11 de noviembre a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se asevera que el TSJA "ya indicó la vía para solucionar el conflicto", como es la jurisdicción civil.
De esta manera, el Supremo ratifica el fallo dictado el 17 de diciembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo al que llegó el Consejo de Gobierno de la Junta, del 23 de marzo de 2004, por el que se declaró que las entidades Boliden Apirsa SL, Boliden AB y Boliden BV estaban obligadas solidariamente a reembolsar a la Junta los gastos y costes del vertido.
El 10 de noviembre, el Supremo emitió una primera sentencia en la que rechazaba la pretensión de la Administración autonómica respecto a Boliden Apirsa SL, a la que sumó una segunda sentencia, dictada al día siguiente, en la que vuelve a desestimar la solicitud de la Junta de Andalucía, en este caso respecto a Boliden BV. Pues bien, en una tercera sentencia el Supremo rechaza la pretensión de la Junta respecto a Boliden AB, y argumenta que "la resolución del presente recurso de casación se debe fundamentar en lo que ya se ha declarado" en las dos sentencias anteriores, todo ello "por elementales razones de seguridad jurídica y de respeto al derecho a la igualdad".
La sentencia asevera que la Ley de Minas "no confiere una potestad de autotutela declarativa a la Administración para dictar el acuerdo impugnado de 23 de marzo de 2004 y resarcirse de los gastos y costes que se reclaman en el acuerdo impugnado, de manera que esa decisión es contraria a derecho", por lo que, "si el acto que la Administración trata de ejecutar no tiene cobertura legal alguna". Asimismo, el Supremo rechaza la doctrina del levantamiento del velo defendida por la Junta, pues dicha técnica "efectivamente pretende impedir que, mediante la creación de una pluralidad de sociedades con personalidad jurídica, se consiga un soporte adecuado que permita burlar o rehuir las consecuencias desfavorables o las responsabilidades previstas por la norma para un grupo real de empresas". "Lo cierto es que, en este caso, la Administración no ostenta habilitación legal para declarar la responsabilidad solidaria de las sociedades en cuestión", señala la sentencia que desestima el recurso de casación de la Junta y la condena al pago de las costas, aunque con un límite máximo de 2.000 euros.
A pesar de estas tres sentencias, la Junta planteó el 2 de diciembre al Supremo un conflicto negativo de jurisdicción para que señale la vía oportuna a seguir: la civil o la contencioso-administrativa, para reclamar.
Los ecologistas acatan el fallo pero no lo comparten
La asociación Ecologistas en Acción, que ya auguró que los tres recursos de la Junta serían rechazados por el Tribunal Supremo (TS), manifestó ayer que acata la sentencia, aunque no la comparte.
El coordinador del área de minería y canteras de la asociación, Antonio Ramos, indicó que estos tres fallos demuestran que la Junta de Andalucía siguió un camino jurídico equivocado, por lo que exigió que ahora siga la vía adecuada para reclamar a Boliden los cerca de 90 millones de euros que costó al erario público recuperar todo lo que se perdió por la rotura de la balsa minera de Boliden en Aznalcóllar. Ramos insistió en que los 90 millones que ha costado la limpieza y recuperación del Guadiamar han salido del bolsillo de los ciudadanos, por lo que remarcó que la Junta ahora debe hacer lo indecible para que Boliden pague por el accidente. Asimismo, se lamentó de que el siniestro fuese una crónica más que anunciada y recordó que su asociación puso 12 denuncias por los vertidos entre 1994 y 1997.
