Garzón acusa al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote de recibir 1.353.000 y 652.000 euros respectivamente de la trama de Correa. El juez ha remitido el auto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha asumido el caso.
El magistrado hace referencia al contenido de tres informes policiales sobre ambos miembros del PP, que han quedado identificados por los agentes "sin ningún género de dudas". Estos informes concretan las cantidades económicas recibidas, que incluyen la entrega a Galeote de una suma económica de un importe de 628.310 euros y la entrega de parte del precio (un total de 12.000 euros) en dos Land Rover Discovery para él y su mujer.
Las pesquisas policiales permitieron averiguar que Francisco Correa y Pablo Crespo, encarcelados, disponían de un archivo personal con apuntes contables encabezado con la frases "Detalles entregas L.B" de la contabilidad en negro que se llevaba en uno de los pisos empleados por la trama, situado en la calle Serrano de Madrid. El auto detalla que el tesorero del PP recibió pagos en sobres y revela que los miembros de la trama se referían a él como Luis el cabrón. Bárcenas anunció un querella criminal contra el juez Garzón.
Garzón comunica en su auto a la Sala de lo Civil y Penal del TSJM que cuenta con esta serie de evidencias, datos y elementos referidos a los dos aforados nacionales para que sean estas dependencias judiciales las que se encarguen de decidir si procede elevar la causa al Supremo. El TSJM asumió ayer encargarse de la trama Gürtel al encontrar indicios de que tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor- podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias.
En un auto, el tribunal pedía a Garzón que cesara "en cualquier actividad instructora" y que le remitiera la "totalidad" de las actuaciones realizadas hasta el momento. Esta petición se realiza sin perjuicio de lo que diga en su día el Tribunal Superior de Valencia, en favor del cual se inhibió Garzón respecto de los indicios encontrados contra el presidente de dicha comunidad, Francisco Camps y del secretario general del Partido Popular de Valencia y diputado en dicha comunidad, Ricardo Costa. El auto señala que el criterio del propio Tribunal Supremo (expresado en la sentencia dictada en 1996 contra la Mesa Nacional de HB) dice que cuando en una misma causa aparezcan como responsables personas aforadas de dos comunidades diferentes "corresponde a la Sala Segunda del Supremo el conocimiento de la causa". El TSJM solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que dé su opinión sobre esta circunstancia particular.
El auto revela "la posible percepción por los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas" relacionadas con la red de Francisco Correa. En relación con López Viejo, se dice que pudo aprovechar sus cargos públicos "para favorecer a alguna de esas empresas".
Sobre Martín Vasco, el auto le señala por "labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos", así como por la percepción de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación". Finalmente, se señala sobre Bosch que cuando era gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla (Madrid), "percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas de Correa".
Mientras tanto, el grupo popular ha rechazado una propuesta en la que se pedía crear una comisión de investigación sobre el caso en las Cortes valencianas para evitar un "juicio paralelo".
