Tras cinco jornadas de declaración, el testigo clave que denunció el fraude de los cursos de formación ha reconocido ante la jueza Mercedes Alaya que él está imputado por un juzgado tras la denuncias de unas alumnas del mismo por suplantación de identidad y falsedad documental. A preguntas del letrado de la Junta, que ejerce la acusación particular, también ha admitido que acudió al juzgado de Alaya a denunciar los hechos y que fue allí donde le indicaron que fuera a la Guardia Civil a interponer la denuncia. Hoy, de nuevo, ha relatado nuevas irregularidades de las que responsabiliza a la Junta en su más alto nivel, o incluso a responsables sindicales. Por muchas horas que lleve declarando, ya lleva 23, lo expresado por el responsable del Departamento de Gestión de Formación Ocupacional, Teodoro Montes, no deja de sorprender. Hoy ha revelado que él mismo está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río, donde unas alumnas de un curso gestionado por Supermercados Altozano Mas, le denunciaron por suplantación de identidad, falsedad documental, entre otros delitos. Según fuentes del caso, el funcionario dijo que el expediente en cuestión es uno de los que él aporta como irregulares y que incluso le satisface aparecer como imputado porque lo que hizo fue intentar ayudar a unas alumnas. Montes ha explicado que las denunciantes fueron a su despacho quejándose de que no podían recibir cursos porque aparecían como receptoras de acciones formativas, con documentos falsos, inasistencia de alumnos y falsificación de firmas, lo que ocurría con varios cursos de la citada cadena de supermercados. Tras comprobar estas irregularidades, el funcionario les recomendó que denunciaran lo ocurrido y su sorpresa fue que, a pesar de solucionarles el problema, al final se vio imputado, según las fuentes. Igualmente, ha explicado cómo llegó la Guardia Civil a tomarle declaración por este caso, ya que el abogado de la Junta le ha preguntado si acudió de forma voluntaria o si fue citado, a lo que Montes ha respondido que tras seis o siete años intentando que alguien le escuchara encontró la puerta del juzgado de Alaya, donde le dijeron que acudiera a la Guardia Civil cuerpo que ya estaba investigando el fraude de los ERE a las órdenes de esta magistrada-. En su interrogatorio, el responsable de supervisar los cursos en Sevilla de nuevo ha vertido fuertes acusaciones contra determinadas personas y entidades. Así, al ser preguntado por el rechazado de un juzgado contencioso administrativo acceder a sus peticiones, tras ganar una sentencia por acoso laboral contra la Junta y determinara que ya había recuperado sus funciones y sus medios técnicos, su respuesta ha sido que igual que la Junta ofrece trato especial a algunas entidades, también hay juzgados que dan estos privilegios a la Junta. Montes también cita a la cúpula de CCOO en Sevilla, aunque sin dar nombres más allá de un tal José María, a la que acusa de presionarle para que retirara las anotaciones sobre ciertas irregularidades detectadas en un curso del sindicato, pues esto supondría un punto negro ante la Dirección General de Formación de cara a nuevos cursos. El funcionario ha sostenido que él se negó, recibiendo entonces amenazas de estas personas y, curiosamente, el archivador en el que guardaba este expediente apareció destrozado hasta el punto de que tuvo que ser abierto por un cerrajero. Tras esto, le fue retirado el acceso al expediente. También ha relatado como los expedientes relacionados con la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) de los años 200-2010 le fueron retirados sin más explicación, apareciendo en la oficina un señor con una carretilla. El funcionario hizo también alusión a irregularidades en cursos adjudicados a ayuntamientos como el de Villamanrique (Huelva) o El Real de la Jara (Sevilla), donde incluso hubo protestas en la plaza del municipio por el sistema que se utilizó para otorgar las plazas a los alumnos. Asimismo, ha indicado que cuando en su declaración ante la Guardia Civil que cuando decía que las autoridades administrativas no atendían a sus quejas de que se le dieran nuevos cursos a entidades a las que se le habían detectado irregularidades se refería desde el consejero hasta su jefe de servicio, es decir, al más alto nivel de la Junta. Eso sí no precisó el nombre del consejero.
