"El Tribunal Constitucional constata que, con este veredicto, se resuelven todas las dudas sobre el acuerdo del Tratado de Lisboa con el marco constitucional y se eliminan todos los obstáculos formales para su ratificación". En una breve alocución en el Castillo de Praga, Klaus, que bloqueaba desde hacía meses la ratificación que el Parlamento aprobó en mayo pasado, asumió la decisión del Constitucional, aunque sin dejar de mostrar su desacuerdo. "No puedo estar de acuerdo con la calidad jurídica (de la decisión). La sentencia no es un análisis neutral sino una apología política del Tratado de Lisboa", señaló.
Mientras tanto, los senadores euroescépticos confirmaron que estudian plantear una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por considerar que no hubo una vista justa, según indicó ayer su representante, Jiri Oberfalzer.
Dos horas después que Klaus firmara, el primer ministro, Jan Fischer, anunció que había suscrito también el documento comunitario, otro de los requisitos que establece la ley local para la validez de los acuerdos internacionales. "El Gobierno ha cumplido una de sus grandes prioridades. Valió la pena mantener la cabeza fría y afrontar este asunto con pragmatismo", señaló Fischer, que finalmente se plegó a los requisitos de Klaus para obtener de Bruselas una exención para la República Checa sobre la Carta de Derechos Fundamentales. De esta manera se eliminan, según el máximo mandatario, los riesgos de reclamaciones de propiedad por parte de los antiguos pobladores de habla alemana de los Sudetes, expulsados tras la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, los Veintisiete tienen que proponer al ya elegido presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, los nombres de los comisarios europeos que integrarán su nuevo equipo, un nacional de cada país, incluido el Alto representante. En la próxima cumbre, que previsiblemente se celebrará a mediados de este mes, los Veintisiete tendrán que elegir los nuevos cargos.
