Recibieron una llamada de teléfono en nombre de Emvisesa con el anuncio de que habían sido adjudicatarios de unas viviendas en régimen de alquiler de una promoción en Sevilla Este. Acudieron al piso y recibieron las llaves, la mayoría de documentación (entre ellas la cédula de primera ocupación) de mano de un funcionario, que les entregó un número de cuenta de la empresa pública a la que han ido pagando religiosamente. Sin embargo, tras solicitar que les entregaran el contrato, Emvisesa les acusó en enero pasado de ocupación ilegal y les instó a que abandonaran las que eran sus casas porque no son los legítimos propietarios.
Ésa es la rocambolesca historia que están padeciendo nueve familias que ayer, de la mano de IU, denunciaron la situación de acoso que sufren por parte de la empresa municipal de la vivienda. Ésta, por su parte, maneja una versión diferente: todo es fruto de una estafa que ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional e insistió en que los afectados abandonen estas viviendas para permitir la entrada a los que, según explicaron, son sus verdaderos propietarios.
Los vecinos, sin embargo, no lo ven así. Desiré Oreto, una de las inquilinas, asegura que recibió la llamada desde Emvisesa, que le entregó, de manos de un hombre que se identificó como un funcionario, el paquete de llaves, la céduda de habitalidad necesaria para dar de alta la luz y el agua, una cuenta de la empresa pública para abonar el alquiler y hasta la cuenta, en cada uno de los nueve casos, de la comunidad de propietarios. Sólo faltaba la entrega del contrato, que se tramitaría posteriormente.
Tras solicitar a Emvisesa el contrato, ésta les contestó que tenían tres días para desalojar el edificio porque no eran los adjudicatarios o serían llevados a un tribunal por ocupación ilegal. Además, han recibido visitas periódicas de la Policía Local, que en estos meses ha procedido a realizar identificaciones de los afectados. Sólo pedimos a Zoido que nos deje vivir en paz, porque pagamos el alquiler y la comunidad religiosamente, señala Desiré Otero.
Tal es el enconamiento de posturas que otro afectado, José Domínguez, ya ha sido requerido por los juzgados. Él y toda su familia. Emvisesa ha llegado a una política de acoso y derribo tal que me han metido por la vía de lo penal y, lo peor de todo, a mis dos hijas menores de edad también, lo que es un auténtico abuso, manifiesta José, que se muestra convencido de que se trata de un error administrativo de Emvisesa, que se niega a reconocer.
Quien ha escuchado sus quejas ha sido el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que no dudó en calificar los hechos como un escrache contra los vecinos por parte de Zoido y expuso que el burofax emitido por Emvisesa a los vecinos instando a su marcha de la vivienda, así como las visitas de los agentes de la Policía Local están ocasionando trastornos psicológicos y problemas de salud a estas familias, que cuentan con varias personas mayores de edad. Torrijos señaló que pedirá en el próximo Pleno que se abra una comisión de investigación para desentrañar lo que ha ocurrido y depurar responsabilidades. A su vez, reclamará la convocatoria de un consejo de administración extraordinario de Emvisesa y pedirá que se mantengan a estas familias en sus viviendas. Lo elevará al Pleno después de esperar durante más de un mes la respuesta del alcalde sin que haya llegado.
El delegado de Urbanismo y responsable de Emvisesa, Maximiliano Vílchez, insistió en la tesis de la ocupación ilegal, asunto que se ha puesto en manos de la Policía, y que calificó de estafa. Vílchez detalló que los pisos tenían las cerraduras cambiadas y que se percataron de la ilegalidad al comprobar que estaban depositando el dinero en una cuenta de Emvisesa. En ese sentido, señaló que se dio orden al banco para que devolviera las cantidades ingresadas, al entender que estas familias no son las ocupantes legales de las viviendas. Vílchez añadió que una de las familias ha devuelto las llaves de manera voluntaria e invitó a las otras nueve familias a hacer lo mismo, a la vez que pidió a Torrijos que apoye a la administración y a la Justicia en su investigación, ya que hay personas que no pueden acceder a sus viviendas porque están ocupadas.
Por la tarde, y tras la denuncia pública, varios agentes de Policía Nacional de paisano citaron a dos vecinos para declarar el próximo viernes en dependencias de la Comisaría de Emilio Lemos.
