España se ha convertido el primer productor mundial de energía solar termoeléctrica, tras alcanzar una potencia instalada de 432 megavatios (MW), y ha desbancado así a Estados Unidos, que hasta ahora lideraba el sector con 422 MW termosolares instalados en su territorio.
España ha conseguido dar el salto gracias a la conexión, este fin de semana, de la planta termosolar de 50 MW La Florida, ubicada en el municipio de Alvarado (Badajoz) y propiedad de Renovables Samca, informó ayer la asociación sectorial Protermosolar.
La nueva central se ha desarrollado con tecnología de colectores cilindro-parabólicos y cuenta con un sistema de almacenamiento térmico mediante sales fundidas. Además, supone un hito en el sector por el tamaño del campo solar que, con unos 550.000 metros cuadrados de área de captación, se erige en el mayor del mundo entre las centrales en operación.
Protermosolar apuntó que, junto a las plantas operativas en España, hay otras que ya en fase de construcción y que en menos de un año podrían estar conectas a red con una potencia adicional de cerca de 600 MW. El conjunto de plantas inscritas en el registro de preasignación de retribución permitirá alcanzar en 2013 una potencia cercana a 2.500 MW repartida en 60 instalaciones.
La inversión realizada por las empresas para la puesta en funcionamiento de centrales termosolares asciende ya a cerca de 2.500 millones de euros y rondará los 15.000 millones de euros acumulados hasta el ejercicio 2013.
La asociación subrayó que España es líder en tecnología termosolar y que las empresas nacionales están comenzando a participar en ambiciosos proyectos en muchas regiones del mundo (EEUU, Norte de África, Oriente Medio, China, la India o Australia).
Protermosolar recordó una de sus principales fortalezas diferenciales de la termosolar son su gestionabilidad y su capacidad de almacenamiento, fundamentales para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico español.
El mapa de energía termosolar instalada en España se distribuye entre las plantas: PS10 (11 MW), PS 20 (20 MW), Andasol 1 (50 MW), Puertollano (50 MW), Puerto Errado (1,4 MW), La Risca (50 MW), Andasol 2 (50 MW), Solnova 1 (50 MW), Extresol 1 (50 MW), Solnova 3 (50 MW) y La Florida (50 MW).
De esta distribución se constata la importancia de la energía termosolar en Andalucía, puesto que la mayoría de tales centrales se ubica en esta comunidad. Así, las dos primeras y Solnova pertenecen al grupo andaluz Abengoa y radican en la provincia de Sevilla, mientras que las de Andasol están en Granada y han sido construidas por las compañías ACS y Solar Millenium.
Por su parte, EEUU cuenta con las plantas SEGS (354 MW), la planta Nevada Solar 1 de Acciona (60 MW) así como las centrales instaladas en Kimberlina (5 MW), Lancaster (5 MW) y Maricopa (1,5 MW).
No en vano, la experiencia española se está exportando y en este terreno destaca Abengoa, pues recientemente ha recibido el visto bueno necesario para construir en Estados Unidos la que será la mayor planta termosolar del mundo, con una potencia de 250 megavatios, para la que ha recibido un préstamo de la Administración Obama por 1.156 millones de euros.
Abengoa Solar y Total, asimismo, levantarán en Abu Dhabi (Emiratos Árabes) otra central de 100 megavatios, la mayor de Oriente.
La congelación de la luz, ante el TS
Iberdrola ha recurrido ante el Tribunal Supremo la orden ministerial por la que en julio se congeló la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), tras el acuerdo entre el Gobierno y el PP en aras a lograr un pacto de Estado en materia energética.
Por su parte, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC Energía aún están estudiando la posibilidad de recurrir, para lo que disponen hasta finales de agosto. Desde Endesa, un portavoz rehusó comentar si el grupo ha denunciado la orden y desde la patronal Unesa señalaron que la decisión será adoptada en breve.
El recurso de Iberdrola fue interpuesto por la vía contencioso administrativo y considera que la orden ministerial es "claramente arbitraria". Según alega, la congelación de la tarifa incumple la Ley del Sector Eléctrico, que establece la obligación de la Administración de reconocer el exceso de déficit de tarifa, y adolece de "vicios legales" al haber sido dictada sin que la CNE y el Consejo Consultivo de Electricidad se hayan pronunciado.
