Sevilla/B. Lionte
Un médico del centro de salud del barrio de Palmete recibió el pasado jueves "diversas agresiones verbales y amenazas de muerte" por parte de usuarios de una misma familia que le increparon tras exigirle que les atendiese y recetase un fármaco de forma urgente. La denuncia ya se ha admitido a trámite como delito en el juzgado número 11 de Sevilla.
Esta mañana el facultativo agredido, identificado como Emilio Tortosa, ha relatado lo ocurrido en una rueda de prensa organizada por El Colegio de Médicos de Sevilla, donde ha comentado que pasó mucho miedo al sentirse acosado y que ahora mismo está de baja laboral: "Me dijeron que me esperaban en la calle para rajarme". El presunto agresor y su familia han estado acosando a Emilio T. durante cuatro días seguidos, y según cuenta el afectado, ha habido amenazas de muerte e intentos de agresión física que le han dejado prácticamente destrozado: "Ahora mismo soy incapaz de volver a trabajar", ha declarado el médico agredido.
Los hechos se produjeron el pasado jueves sobre las 14.00 horas cuando un usuario solicitó "de forma urgente y en tono exigente" que le recetasen un fármaco, a lo que el médico le conminó a que esperase al comienzo de la consulta, "ya que el medicamento solicitado no era urgente y aún estaba preparando la consulta, puesto que no hacía ni cinco minutos que acababa de entrar en mi turno y aún faltaba media hora para que comenzase la consulta", relató el propio médico.
Pese a ello, prosiguió este facultativo, "este usuario me insultó y empujó en varias ocasiones", motivo por el que llamó a la Policía Nacional. "Poco tiempo después, los padres de este usuario regresaron a la consulta, esta vez pidiéndome que fuese atendida de forma urgente la madre del mismo usuario, a lo que accedí, aunque a continuación me volvieron a exigir que les recetase el fármaco que me había pedido su hijo y que no denunciase el caso, bajo amenazas", concluyó.
Ante estos hechos, el presidente del sector sanidad del sindicato CSI-F (antiguo CSI-CSIF) en Sevilla, Fernando Castelló, anunció que los servicios jurídicos de la central sindical se personarán en este caso "como acusación particular", al objeto de que estos hechos se juzguen "como un delito de atentado contra la autoridad pública y no como un simple juicio por faltas".
