ETA asesinó ayer de dos tiros al empresario vasco Ignacio Uría, propietario de una de las empresas constructoras concesionarias de la Y vasca, que conectará a través de la alta velocidad las tres capitales de Euskadi. Herida por la detención de Txeroki y debilitada por los últimos golpes policiales, ETA ha matado a un empresario sin escolta, un objetivo fácil. Su fin era atacar de nuevo el proyecto ferroviario y de paso, amedrentar a todos los empresarios a los que envía cartas de extorsión para salir de la asfixia financiera hacia la que se desliza cada día por la falta de apoyos. Frente al disparo en la cabeza, la unidad política resulta fundamental. Afortunadamente, se ha recuperado para desgracia de los terroristas, si bien se hace necesaria más que nunca la unidad de la sociedad civil, que debe plantarse ante un nuevo asesinato sin sentido frente a una organización que pretende abortar un proyecto estratégico para Euskadi y para España como el corredor ferroviario de alta velocidad. La gente nunca entenderá que alguien vaya contra un proyecto que significa progreso, que aumentará un 1,5% el PIB de la comunidad y que dará trabajo a 7.000 personas además de mejorar las comunicaciones, la libertad y la convivencia en este país. Al contrario de lo que ocurrió con el boicot a la central nuclear de Lemóniz o del cambio de trazado de la autovía de Leizarán, donde ETA influyó decididamente -corrían otros tiempos- es imposible que ETA pueda frenar hoy la Y vasca, tal y como se encargó de subrayar ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Uría ha muerto en Azpeitia, municipio gobernado por ANV, que debe ser orillada por las fuerzas democráticas si no condena el atentado. Es el momento de arropar a los empresarios vascos y a los trabajadores del proyecto para que, protegidos por el Estado de Derecho, no cedan al chantaje de una banda que, con la ayuda de todos, desaparecerá más pronto que tarde.
