El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, señaló en su discurso de investidura un nuevo camino para la administración andaluza y aseguró que una de las claves contra la crisis sería la austeridad de su Gobierno. Una de las primeras medidas pasa por reducir altos cargos, en concreto 14 direcciones generales y una secretaría general, que se suman a las dos vicepresidencias, de las que se ha prescindido en esta nueva etapa. Pero esa decisión no supondrá un ahorro más allá de 1,3 millones de euros. El consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, no dudó al exponer esta medida que el ahorro no es significativo y que con esa cantidad no es posible hablar ni de "austeridad ni ahorro". Se trata, explicó, de redundar en la eficacia de la administración y eliminar cargos que no tenían una función específica en el nuevo Gobierno. Queda preguntarse para cuándo entonces el Gobierno andaluz va a poner en marcha esa austeridad que prometió Griñán y si, como apunta la oposición, tocará apretarse el cinturón cuando pase el temporal económico y no ahora cuando más se necesita. Es complicado remover estructuras que llevan mucho tiempo funcionando, pero la situación ahora es diferente a la de las dos décadas anteriores. El presidente andaluz ha perdido la oportunidad de que el recorte de gastos afecte a las 34 empresas públicas, donde el Gobierno -tal y como reseña anualmente la Cámara de Cuentas- tiene uno de los grandes agujeros negros de su gasto corriente. También ha decidido de momento no tocar a los 112 delegados provinciales. El paso dado va en el camino que señaló Griñán, pero recorre un trecho demasiado pequeño cuando la economía andaluza necesita que se den pasos de gigante. Es cierto que resulta más complejo para el nuevo presidente cambiar ciertas estructuras con el mandato iniciado, pero Griñán debe calibrar el coste de no cubrir las expectativas en su primer compromiso público.
