Tras muchas reuniones en las que hubo que acercar posturas, finalmente los cinco expertos designados por el Ministerio de Cultura elaboraron un informe sobre la torre Pelli que invita a la doble interpretación. Por una parte, determina que ésta no afecta visualmente a los tres monumentos declarados por la Unesco Patrimonio Mundial (Archivo de Indias, Catedral y Real Alcázar) y que es totalmente legal pero, por otra, reconoce que sí tiene un impacto negativo en el paisaje de la ciudad. Este punto alimenta los argumentos de los detractores del rascacielos de 178 metros que Cajasol levanta en La Cartuja y es visto como un impedimento para recibir la aprobación de la Unesco dentro incluso de la propia comisión.
Su presidente, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Alcalá de Henares, Javier Rivera Blanco, reconocía ayer que la torre "tal y como está planteada es agresiva" y apostaba por "buscar otras alternativas". A su juicio, si no se realizan algunas modificaciones, el rascacielos podría recibir el no por parte de la Unesco en el próximo Comité del Patrimonio Mundial que se celebrará en junio en Brasilia. En los mismos términos se pronunciaba otro de los expertos designados por Cultura, el arquitecto y catedrático de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Miguel Hernández de León, que vaticinó que, finalmente, España se verá obligada "a negociar con la Unesco". El motivo que ambos alegan para no incluir estas reflexiones en el informe es que el encargo que recibieron de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio de Cultura era el de evaluar exclusivamente el impacto de la torre sobre los tres edificios, tal y como pidió la Unesco a España el pasado mes de junio, y que el debate sobre su impacto paisajístico es otro.
También lo es el que la atención se desvíe ahora hacia "el uso que se hace sobre el territorio que queda fuera del casco histórico", como apuntó ayer el arquitecto Jaime Montaner, miembro también de la comisión de expertos. Para él, el informe zanja por completo el debate que se generó a raíz de la advertencia de la Unesco aunque revive otro que ya existió durante la elaboración del PGOU de la ciudad e incluso del Plan de Ordenación del Territorio Urbano de la Aglomeración de Sevilla (Potaus).
Mientras, desde el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), el organismo que asesora a la Unesco y que pidió la retirada del proyecto bajo amenaza de incluir a Sevilla en la lista de patrimonio mundial en peligro, consideran que reconocer -como recoge el informe- que la torre supone una "marca excesiva, indudablemente negativa", en el paisaje de la ciudad supone para el Estado español "autocondenarse". Así lo aseguraba ayer el vicepresidente de Icomos en España, Víctor Fernández, que duda que el Comité de Patrimonio Mundial "pueda hacer una valoración positiva" si lo que tiene sobre la mesa es este informe.
Lo ambiguo de las conclusiones de los expertos ha motivado que se hayan hecho interpretaciones en uno u otro sentido teniendo como base un mismo documento. Así, la portavoz de la plataforma contra la torre Túmbala, Ana Ávila, opina que al final "habrá que cambiar el proyecto o no hacer la torre" y se mostró convencida de que el informe viene a darles la razón. Esta interpretación se contradice, y mucho, con la hecha también ayer por el Ayuntamiento de Sevilla, que considera que el informe que España entregará a la Unesco "allana el camino" para la construcción de la torre, según dijo la delegada de Cultura, Maribel Montaño.
Si el procedimiento sigue los cauces habituales, la Unesco encargará ahora otro informe a Icomos antes de tomar una decisión y podrá evaluar cualquier otro que le sea remitido. También podría, como anunció en verano durante una reunión en Sevilla, enviar a sus técnicos para que evalúen in situ la repercusión de la torre, cuyas obras se encuentran ya en la fase de cimentación para comenzar a levantar la estructura en unos meses y es que los trabajos de movimiento de tierra están ya al 85%.
