Siete comunidades, entre ellas la andaluza, mantienen invariables la bonificación del 95% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para la empresa familiar, mientras que el resto lo han anulado o han ampliado tal reducción. Para el despacho Cuatrecasas Olivencia-Ballester, existe un federalismo tributario ideológico.
Verde para Madrid, País Vasco, Navarra y Valencia. Ámbar para Murcia, Castilla y León, Cantabria y La Rioja. Y rojo para Canarias y las restantes comunidades, todas ellas gobernadas, en minoría o en coalición, por los socialistas. Éste sería el semáforo de la tributación ante el que continúa sin carga alguna, pasa con precaución o se detiene la empresa familiar al conducir hacia Hacienda el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).
Joaquín Cuesta, del área fiscal del despacho de abogados Cuatrecasas, que ha integrado al sevillano Olivencia-Ballester, no duda al calificar de "federalismo tributario" el hecho de que cada región legisle como ideológicamente le venga en ganas el peaje fiscal que soportan estas compañías a la hora del relevo generacional.
Lo permite Hacienda, pero el que existan distintos tratamientos rompe, en opinión del despacho, el principio de solidaridad interterritorial consagrado por la Constitución Española. No en vano, en un desayuno informativo que esta semana congregó a una treintena de empresarios andaluces en la sede de Cuatrecasas en Sevilla, reiteradas eran las preguntas de los asistentes sobre cómo esquivar la tijera fijando residencia en autonomías más benignas. Poder se puede, pero con suma cautela.
Para consolidar el tratamiento fiscal en una determinada comunidad, por ejemplo Madrid, donde la empresa familiar no paga el citado impuesto, se requiere demostrar una residencia habitual de al menos un lustro. "Y, cuidado, si la sucesión os coge en medio, cuando no se han cumplido esos cinco años, entonces seréis unos apátridas", advirtió Cuesta.
Pero, ¿qué está en juego? Común a todas las comunidades, porque así lo impone la legislación nacional, es una reducción del 95% en el ISD, que cada región puede mejorar -nunca empeorar-, hasta el 100% mencionado para las autonomías con semáforo en verde. Estamos hablando de una empresa familiar que se transmite, tanto ínter vivos (vía donación) como mortis causa (sucesión). Eso sí, para que se produzca esta desgravación, las participaciones o acciones habrán de estar exentas del Impuesto sobre el Patrimonio (IP).
En el caso de Andalucía, tal bonificación se mantiene, con carácter general, en el 9% fijado por el Estado, si bien alcanza, mortis causa, el 99% para las pymes. A juicio de Cuatrecasas, no ampliar la bonificación se debe a excusas ideológicas, poco menos que identificar a los empresarios con ricos, olvidando que conforman la inmensa mayoría el entramado empresarial de la comunidad.
La vinculación de la carga fiscal en la sucesión de las empresas familiares y la necesidad de que éstas estén exentas del Impuesto sobre el Patrimonio para gozar de las bonificaciones es especialmente delicado cuando en la transmisión van incorporados el ladrillo, esto es, inmuebles, y los fondos de inversión, toda vez que hay que justificar que al menos la mitad de aquéllos están adscritos a la actividad empresarial y que los beneficios de éstos se destinan a la propio negocio. Los matices a estas condiciones son, sin embargo, múltiples.
Para la compañía familiar que acomete la renovación generacional, la planificación fiscal es una de las cuestiones que requieren de una minuciosa planificación -como a todo hijo de vecino, al empresario también le duele el bolsillo, en especial cuando toca confesar con Hacienda-. Así, en el encuentro de Cuatrecasas -con directivos de Migasa, Sando, Vilamar, La Raza o Bekinsa- fue el tema que despertó más interés.
