La declaración del que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández fue todo un respaldo para el exdelegado de Empleo Antonio Rivas, ya que defendió su inocencia destacando su "lealtad" y su valentía "al ser el único en España" que ha dimitido tras una imputación. Fernández, que solicitó amparo al magistrado cuando fue preguntado por el PP si él ordenó cobrar la comisión a los empresarios de La Raza, insistió en que la Junta "fue la primera denunciante de estos hechos" tras conocer y recibir la grabación del cohecho en Mercasevilla.
Fernández fue muy contundente ayer en sus palabras, en especial cuando era preguntado por Rivas. El exconsejero destacó su "lealtad" y el hecho de que el exdelegado provincial también estuviera de acuerdo en que se abriera una investigación interna tras conocerse el supuesto "soborno". Es más, cuando el PP le preguntó si él fue cesado por su imputación en los ERE, lo que provocó la "enérgica" protesta del abogado de Rivas, Fernández recalcó que fue por "un cambio de gobierno", destacando que Rivas se mantuvo como delegado hasta su dimisión "voluntaria".
Pero Fernández, no fue el único que defendió a Rivas, pues el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá aseguró que "jamás" recibió una queja sobre el mismo, pues era "una persona totalmente volcada con los problemas laborales de la provincia". Además, a preguntas de nuevo del PP, dijo que "nunca se planteó que Rivas estuviera implicado".
Pero el PP, in extremis, intentó demostrar el interés de Rivas en que la escuela de hostelería de Mercasevilla lograra una subvención de 900.000 euros, aportando tres documentos que fueron aceptados como prueba por el magistrado tras consultar con las partes. Se trata de trata de una solicitud firmada por el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet al SAE solicitando la subvención, un borrador de convenio de colaboración con el membrete de la Delegación de Empleo y el de la Fundación Mercasevilla fechado en 2007 en el que se comprometía ya la subvención de 900.000 euros, además de una memoria elaborada por la lonja, en la que se habla de la necesidad de firmar un convenio con la Delegación para lograr la subvención. El PP solicitó la inclusión de estos papeles, que fueron aportados por Mercasevilla en la causa que investiga la jueza Mercedes Alaya por delito societario en la lonja, asegurando que los mismos estaban firmados por Rivas, pese a no tener competencias para otorgar la subvención.
Las defensas se opusieron a su admisión, ya que tras examinarlos, la firma de Rivas no aparece estampada en ninguno de ellos, lo que a su juicio "no demuestra nada". Aun así, fueron aceptados al considerar el magistrado que aún se pueden practicar otras pruebas "para comprobar su credibilidad", lo que generó las protestas de los letrados defensores.
Pero la tensión con el abogado del PP, Luis García Navarro, fue a más, pues en la última pregunta de su interrogatorio, cuestionó a Fernández si en realidad fue él quien ordenó que se le reclamara 300.000 euros de comisión a los empresarios. Fernández pidió entonces amparo al magistrado ante lo que consideraba una imputación de hechos, motivo por el que el magistrado no dio por válida la pregunta.
