Los altercados del sábado en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, que acabaron con 20 jóvenes detenidos y 10 policías heridos, ha reabierto el debate sobre la educación de los jóvenes. Gobierno y oposición coinciden en reclamar planes formativos para evitar conflictos.
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, fue muy contundente al afirmar que "sin cultura y sin educación y sin un desarrollo de las políticas sociales no nos encontraremos más que conflictos una y otra vez". Por ello reclamó a ayuntamientos y comunidades autónomas que pongan en marcha planes concretos de oferta cultural y de ocio.
De esta misma opinión es el primer partido de la oposición. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, achacó los disturbios de Pozuelo a la "desatención hacia la juventud", por ello indicó que "deberíamos fomentar el empleo juvenil y nuestra relación con los jóvenes para evitar una generación perdida en el futuro". Su compañera de partido, la portavoz en el Congreso de los Diputación, Soraya Sáez de Santamaría, fue más allá y se cuestionó la educación que se está dando a los "chavales". "Lo tienen todo de manera muy fácil y con muy poco respeto y tolerancia", criticó, por ello señaló que su partido propone incluir en el Código Penal a los menores de 12 a 14 años. "No irían a la cárcel, sino que seguirían un plan de reeducación dictado por un juez. Es un debate que debemos hacer todos, porque esto hay que arreglarlo", señaló.
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, fue más allá y señaló con el dedo directamente a los padres, a los que pidió que den a sus hijos una "educación en valores". Además, exigió "más supervisión" sobre el botellón a las administraciones, ya que recordó que en la vía pública está prohibido consumir alcohol.
Los grandes damnificados por los incidentes de Pozuelo, los policías, a través de la Confederación Española de Policía (CEP), también culparon de los altercados a "la ingesta desmedida de bebidas alcohólicas y en la ausencia de unos referentes claros", por ello y al igual que los partidos políticos y el Defensor del Menor la CEP exigió que se arbitren "las pertinentes ordenanzas municipales que, junto con la imprescindible labor policial, sancionen con multas económicas todos aquellos comportamientos incívicos que rodean el fenómeno del botellón y la violencia juvenil que desencadena" esta actividad. Además, culpó directamente de los incidentes de Pozuelo a su alcalde, Gonzalo Aguado.
El alcalde, sin embargo, se desmarcó de la opinión general y como una forma de justificar los hechos atribuyó los altercados a un grupo de personas de "fuera del municipio".
"Ha sido un grupo de energúmenos de fuera del municipio que ha intentado reventar nuestras fiestas. Prueba de ello es que de los 20 detenidos, tan sólo dos son vecinos de Pozuelo", añadió. Para evitar nuevos incidentes se limitó a anunciar que pedirá a la Delegación del Gobierno que adopte cuantas medidas sean necesarias para evitar que "gravísimos incidentes" como los ocurridos el fin de semana vuelvan a producirse y pidió analizar las causas y consecuencias para ver qué medios son necesarios para que no se repitan en el municipio actos violentos de este tipo.
Los 13 vándalos mayores de edad detenidos fueron puestos en libertad ayer por el juez por los incidentes ocurridos en esa localidad madrileña, a la espera de nuevas diligencias que aclaren su participación en los hechos. Los dos agentes heridos más graves tendrán al menos un mes de baja por los incidentes.
