En España, quienes hablan en nombre de territorios o colectivos, suelen marcar las diferencias netamente y llamar a fortalecer procesos de integración que, a su juicio, habrían comenzado poco antes. Y eso vale lo mismo para comunidades con lenguas propias que para colectivos, como el de los gitanos, con presencia de siglos en la península. Es lo que se desprende de la entrevista de anteayer a Juan Reyes, de la Fundación Secretariado Gitano, donde se dice que éstos no gozaron de los mismos derechos que los demás hasta la Constitución de 1978 y que aún el sistema educativo no parte de su diversidad cultural.
Los gitanos llevan en Andalucía desde mediados del siglo XV. Ya entonces eran un grupo social cohesionado y difícilmente vulnerable desde el Estado imperial: demasiado débil para ser enemigo político y sin una religión propia para ser tachado de hereje. Los ilustrados del XVIII los persiguieron, los confinaron en varias ciudades, después los encarcelaron a todos, incluidos los niños, y condenaron a trabajos forzados a miles de ellos durante 15 años. Pero el bando antiilustrado, sin embargo, se alió con ellos.
Al final se incardinaron en una cultura y una historia común con fenómenos tan importantes como el flamenco aunque hay otros: el traje de gitana o los préstamos al habla andaluza de muchos vocablos. Hasta la Constitución, los derechos no existieron para nadie: tan injusta fue la construcción de La Carraca por los gitanos como la del Canal de los Presos por los republicanos. De una vez por todas hay que comenzar afirmando la importancia de los parámetros gitanos en la cultura de Andalucía. No exigiendo el reconocimiento de su papel en nuestra Historia quizás se reciban más subvenciones para problemas concretos, pero nunca se echarán las bases de un campo de juego igualitario.
Antonio Zoido es escritor e historiador
