En la literatura especializada se reitera la conveniencia de basar las políticas públicas en la evidencia. Se argumenta que la percepción de la acción del gobierno público puede y debe ser medida no en términos de acuerdo o desacuerdo, con la carga de subjetividad que esto puede comportar, sino basándose en la propia actuación. Y ésta, más allá de la valoración que la ciudadanía realice de manera individual o de la intencionalidad discursiva de sus responsables, debe poder ser medida. Y, a partir de ahí, comparada y sometida a debate.
Seguro que a cualquiera se nos ocurren multitud de indicadores para incorporar esa medición a nuestra visión de la acción del gobierno público: desde lo que se dijo que se iba a hacer y que se ha hecho (o no) hasta la comparación de datos de hace años a otros más recientes, tanto en relación con nosotros mismos como con otras sociedades o colectivos.
Es ahí donde la estadística demuestra su poder por su naturaleza de registro y de memoria colectiva. Este uso público de los datos se ha convertido en un signo de identidad de las sociedades desarrolladas y de las democracias asentadas.
Aunque también es verdad que la propia abundancia de datos propicia la utilización sectaria con el objetivo de servir de manera parcial a intereses. Pero el potencial mal uso nunca debe convertirse en argumento para no adoptar iniciativas. De ahí que la única manera de escapar de la literatura de intenciones que se repite a sí misma o de la crítica inmisericorde que reparte bendiciones o penitencias sea, precisamente, hablar con datos. Es posible que ahí radique la dificultad de encontrar discursos públicos que seduzcan!
Director del Centro de Estudios Andaluces
